El juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como “detergentes de oro”, que involucra al exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por presuntos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la compra de insumos de limpieza durante la pandemia de covid-19, que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 1.800 millones a la Municipalidad de Asunción.
Al explicar los fundamentos de su decisión, Estigarribia señaló que tanto el Ministerio Público como la defensa presentaron argumentos que deberán ser examinados durante el juicio oral y público.
El magistrado indicó que la Fiscalía expuso una relación circunstanciada de los hechos atribuidos a los procesados y presentó elementos de convicción que, en esta etapa del procedimiento, permiten sostener la acusación y someterla a debate ante un tribunal de sentencia.
La defensa había argumentado que la sola firma de documentos no era suficiente para atribuir responsabilidad por el supuesto perjuicio patrimonial. También sostuvo que se realizaron transferencias entre fondos de la Municipalidad y que los pagos fueron ejecutados por otras personas.
Sin embargo, el juez explicó que esas circunstancias no permiten descartar, por sí solas, una eventual relación causal entre las operaciones cuestionadas y el resultado investigado. Según señaló, las transferencias iniciales podrían haber desencadenado otras operaciones posteriores, cuestión que deberá ser analizada durante el juicio.
En cuanto al grado de participación de los acusados, Estigarribia manifestó que también deberá ser objeto de discusión en el juicio oral. Si bien reconoció que la defensa planteó la posibilidad de una participación en calidad de cómplice, sostuvo que la función de administrador público implica obligaciones vinculadas con el resguardo de los recursos municipales.
El magistrado aclaró que, durante la audiencia preliminar, no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la veracidad de las documentaciones o de los testimonios. Esa tarea requiere un juicio contradictorio, en el que las partes puedan confrontar las declaraciones y discutir los elementos probatorios.
“Hay una teoría por parte del Ministerio Público que es sólida y también una teoría sólida por parte de la defensa”, expresó Estigarribia, al señalar que las posiciones contrapuestas deben ser examinadas en el juicio oral y público.
Finalmente, el juez rechazó los pedidos de sobreseimiento definitivo y provisional, por lo que la causa avanzará a la siguiente etapa procesal.
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