En Estados Unidos entró en vigor el cierre de gobierno por una falta de acuerdo para ampliar el presupuesto. Esto quiere decir que a partir de ahora quedan suspendidos todos los servicios públicos, salvo los esenciales, y también los sueldos de alrededor de 750.000 empleados federales.
«Debido a la cesación de las asignaciones presupuestarias del gobierno de los Estados Unidos, esta cuenta no se actualizará regularmente hasta que se reanuden plenamente las operaciones, con excepción de información relacionada a emergencias o seguridad. Los servicios de pasaportes y visados seguirán funcionando con normalidad, sin interrupción», comunicaron desde la embajada estadounidense en Paraguay.
La Casa Blanca envió una circular a las agencias gubernamentales ordenándoles «implementar sus planes para un cierre ordenado» ante la falta de acuerdo entre senadores republicanos y demócratas para la aprobación de la ley que establece el correspondiente plan presupuestario, conocida legalmente como H.R. 5371.
Sin más votaciones previstas en el Senado antes del plazo límite de medianoche, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Presidencia, dirigida por Russell Vought, se adelantó con el envío de un documento que culpa a los demócratas de «forzar el cierre del Gobierno» y establece que «las agencias afectadas deben ejecutar ahora sus planes para un cierre ordenado».
De este modo, la Administración de Donald Trump responsabilizó del estancamiento en el Senado «a las descabelladas exigencias políticas de los demócratas, que incluyen un billón de dólares (algo más de 850.000 millones de euros) en nuevos gastos».
Con todo, el Gobierno estadounidense afirmó que emitirá otro memorándum «indicando que las funciones gubernamentales deben reanudarse una vez que el presidente haya firmado una ley que prevea las asignaciones presupuestarias», e instó a las agencias a dar seguimiento a la situación, antes de agradecer «su cooperación y trabajo».
El proyecto de ley, ahora rechazado en el Senado, recoge la continuidad de asignaciones de fondos a las agencias federales para el año fiscal 2026, la dotación de fondos adicionales para la seguridad de funcionarios federales y la prórroga varios programas y autoridades que a punto de expirar.
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