El Dr. Carlos Daniel Alarcón, representante legal de la firma Agro Santa Isabel S.A., habló con Radio 1000 sobre la decisión de la empresa de dejar el país debido a presuntos hechos de corrupción y arbitrariedad judicial en su contra. Explicó que la firma cuenta con una amplia trayectoria desde hace ya varias décadas de trabajo en el país, detallando que un abogado, Néstor Álvarez, simplemente introdujo una acción referente a un contrato de arrendamiento.
El Dr. Alarcón señaló que es muy evidente que el testimonio de poder general que se argumentó para impulsar la demanda, ya había prescripto, algo que la Juez, Ana Celia Giménez González, simplemente decidió ignorar, además del hecho de que el mencionado abogado que llevó a cabo la acción ni siquiera formaba parte del contrato en cuestión, por el cual supuestamente debía cobrar una serie de honorarios. La empresa se encuentra en la localidad de Itakyry, cumpliendo con todo lo necesario para funcionar y pagando una gran cantidad de impuestos.
El representante de la firma dijo que es evidente que esto se impulsó bajo la garantía de que, desde el propio Poder Judicial, se iba a terminar ayudando para que la demanda prospere pese a todas las irregularidades. Agregó que en todo esto intervino gente que fue designada como «significativamente ya sabés qué».
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