El senador Eduardo Nakayama, en charla con Radio 1000, se hizo eco de la presunta venta millonaria irregular de tierras fiscales en zona estratégica del corredor bioceánico, dejando sin espacio a Aduanas. El legislador, dijo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, «es 100 veces peor que el escándalo de los Jardines de Remansito» cuando trataron de despojar de tierras de una conocida finca para poder titular a personas que no eran beneficiarias de la reforma agraria.
Nakayama comentó que hace menos de una semana, saltó el aparente despojo a un predio valioso de la DNIT y también otro terreno que correspondería a la ANNP.
«El presidente del INDERT está vendiendo por chauches y palitos a otra gente que no son beneficiarios de la reforma agraria. Cuál es el papel del presidente del Indert, ¿está para ser operador inmobiliario y despojar tierras al mismo Estado paraguayo?», se preguntó Nakayama.
Comentó que está viendo cómo conversar con la Procuraduría General de la República porque «no puede ser que el Estado paraguayo no se levante ante este tipo de situaciones, o sea, el mismo Estado le está robando al Estado y quien le tiene que defender, la Fiscalía o la Procuraduría no hacen nada, a nosotros nos están robando».
Anunció que va a investigar y solicitará informaciones, si es necesario buscará interpelar al presidente del INDERT porque «no puede ser que siga al frente».
«Yo voy a completar la información, voy a presentarla el miércoles en la sesión y voy a pedir que se envíen los antecedentes al Ministerio Público», adelantó Nakayama.
El registro del Indert sobre la adjudicación de las 60 hectáreas en Carmelo Peralta (Chaco) muestra sugestivos movimientos. Marlene Oviedo aparece en el radar del ente agrario en el expediente N° 13825 del 23 de setiembre de 2020.
«Una chiquilina de 24 años es la beneficiada (Marlene Araceli Oviedo Rodríguez), vyrorei la ‘nepobaby’. No puede seguir este presidente del Indert ‘ikachafáeterei'», agregó Nakayama.
Esta transacción no solo habría beneficiado directamente a un particular, sino que también privó al Estado paraguayo de más de 10 hectáreas destinadas a la zona primaria aduanera, esencial para el control fronterizo en el proyecto que une Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay.
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