Durante la sesión plenaria de este miércoles 3 de diciembre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, presentó un informe de unas 36 páginas que detalla la evolución de las medidas institucionales implementadas desde 2024 ante las denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos vinculados a la denominada “mafia de los pagarés”, tramitados en juzgados de Paz de la Capital, del departamento Central y de diversas circunscripciones del interior del país.
En la presentación, el ministro Martínez Simón explicó el marco legal que orienta las decisiones de la máxima instancia judicial y recordó lo establecido en el artículo 248 de la Constitución de la República, que dispone que ningún miembro de los otros Poderes del Estado, ni funcionario alguno, puede arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir en los procesos sometidos a la jurisdicción del Poder Judicial.
En el informe se precisó que la Corte Suprema de Justicia adoptó todas las medidas pertinentes dentro de su ámbito de competencia desde que tomó conocimiento de las denuncias. Entre las actuaciones señaladas figuran la elaboración y remisión al Congreso Nacional de tres proyectos de ley —el que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales; el que autoriza a los juzgados de Paz a ordenar la suspensión provisoria de medidas cautelares sobre sueldos, salarios y otros emolumentos personales; y el que crea juzgados de Paz en diversos distritos sin afectación presupuestaria—, así como la participación institucional en, al menos, cinco sesiones de la Comisión Especial del Senado, instancia en la que fueron presentados los alcances de dichas iniciativas y los criterios jurídicos de la institución.
El documento contiene también otras medidas implementadas, entre ellas: la ejecución del proceso de depuración de expedientes conforme a la Acordada N.º 1800/2025; la realización de auditorías de reacción inmediata y de auditorías jurisdiccionales y administrativas en diversas circunscripciones; la instrucción de sumarios y la adopción de medidas disciplinarias; la ampliación de los mecanismos de transparencia mediante la digitalización progresiva de los juzgados de Paz; y la habilitación de nuevas herramientas institucionales, como el Usuario Parte y el portal digital para la recepción de denuncias sobre irregularidades en la tramitación de juicios.
Con el fin de garantizar el acceso público a la información, el doctor Martínez Simón anunció que el informe completo presentado en Plenaria estará disponible para su descarga en esta publicación.
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