En el marco del fortalecimiento de los controles y denuncias penales, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), denunció ayer miércoles un presunto uso de facturas de contenido falso en el sector agroindustrial, que habría generado un perjuicio fiscal superior a Gs. 138.000 millones, lo que derivó en allanamientos realizados en el Departamento de Canindeyú, en coordinación con el Ministerio Público.
Según las investigaciones, se detectó que 16 contribuyentes habrían sido utilizados para la emisión de facturas presuntamente apócrifas, mientras que otros 89 contribuyentes habrían utilizado dichos documentos para respaldar operaciones por más de G. 775.000 millones, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2019 al 2022.
El caso está a cargo de un equipo fiscal integrado por las abogadas Luz Guerrero y Elena Fiore, junto al fiscal Francisco Cabrera. De acuerdo con los elementos recabados, el esquema estaría vinculado principalmente a operaciones del sector agroindustrial, como provisión de agroquímicos, servicios de fumigación, siembra y uso de maquinaria pesada, y habría sido articulado desde un estudio contable con sede en Katueté, incluso mediante el uso de una empresa de maletín.
El titular de la DNIT, Oscar Orué, en entrevista con Radio 1000, remarcó que este tipo de procedimientos forma parte de una estrategia integral para combatir la evasión tributaria y los esquemas fraudulentos en sectores considerados de alto riesgo, advirtiendo que los contribuyentes involucrados se exponen a ajustes fiscales, multas, intereses y eventuales responsabilidades penales, conforme a la legislación vigente.
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