Familiares y amigos de María Fernanda, la adolescente asesinada brutalmente en mayo de 2024 en Coronel Oviedo, se manifestaron frente al Palacio de Justicia de dicha ciudad, expresando su malestar por presuntas irregularidades en el proceso investigativo, entre ellas la concesión de prisión domiciliaria a la madre del adolescente señalado como presunto autor del crimen.
La medida había sido dispuesta por un juez Penal de Garantías, sin embargo, no pudo hacerse efectiva debido a que la mujer, actualmente recluida en el penal de Misiones, posee otra causa abierta. En agosto del año pasado, se halló droga en la celda que compartía con otras dos internas, lo que motivó que el juez de Garantías de San Juan revocara posteriormente el beneficio.
La madre del adolescente es considerada una pieza clave dentro de la investigación del asesinato que conmocionó al país. Durante la manifestación, Luz Rivas, hermana de la víctima, y Nilda Martínez, madre de María Fernanda, expresaron sus sospechas sobre irregularidades en la investigación y reclamaron mayor transparencia en el proceso.
Ambas solicitaron que sea incluida en la causa la novia oficial del adolescente, quien también es menor de edad. “Tenemos información de que esta joven estuvo en el lugar del crimen antes y después del asesinato”, afirmaron. Asimismo, cuestionaron la falta de comunicación clara con los cuatro abogados que conforman la querella.
Por su parte, el juez Penal de Garantías Gustavo Ovelar se acercó a dialogar con los manifestantes y explicó los fundamentos de la resolución que otorgaba prisión domiciliaria, señalando que la solicitud de la defensa se ajustaba a los requisitos legales, principalmente por el delicado estado de salud de la imputada.
La mujer se encuentra imputada por exposición al tránsito terrestre, por permitir que su hijo menor conduzca una motocicleta, y por simulación de hechos punibles, tras haber denunciado una supuesta desaparición del adolescente, cuando, según la Fiscalía, conocía su paradero.
Presuntas irregularidades en la causa
En el marco de este caso, la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión sin goce de sueldo de la fiscala de Coronel Oviedo Gloria Rojas, quien integró el equipo investigador del crimen. La agente fiscal se encuentra imputada y enjuiciada por cohecho pasivo agravado, tras la presunta recepción de G. 30 millones a cambio de una salida procesal favorable para uno de los procesados.
La denuncia fue presentada por Franco Antonio Acosta, propietario de una farmacia, donde supuestamente se habría vendido un medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda. La adolescente, embarazada de cuatro meses, fue hallada sin vida y calcinada en un patio baldío de Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2024.
El presunto autor del crimen sería la expareja de la víctima, un adolescente que actualmente se encuentra imputado por feminicidio y bajo reclusión.
Fuente: Noticiero Paraguay
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