Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan la base legal que justificó la operación militar denominada “Absolute Resolve”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.
Según un memorando fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, la acción fue definida por el gobierno estadounidense como una captura extraterritorial de carácter forzoso en apoyo a autoridades judiciales, y no como una invasión o un intento de cambio de régimen. El documento —producido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia— sostiene que Maduro no saldría de Venezuela voluntariamente, que el Estado venezolano no estaba dispuesto ni era capaz de extraditarlo, y que existía un alto riesgo de resistencia armada ante un intento de detención convencional.
El memorando detalla acusaciones de colaboración de Maduro con redes del narcotráfico y grupos armados, señalando supuestos vínculos con organizaciones como el Cartel de los Soles y otras estructuras criminales, lo que habría facilitado el envío de cocaína hacia Estados Unidos. El texto también hace referencia a cargos formales presentados ante tribunales estadounidenses, además de evaluaciones de inteligencia sobre el debilitamiento del Estado de derecho en altos niveles del poder en Venezuela, lo que —a juicio de los analistas estadounidenses— impedía un arresto legal interno.
En el plano legal, el Departamento de Justicia concluyó que el presidente de Estados Unidos tenía autoridad constitucional para ordenar la operación sin la aprobación previa del Congreso, al tratarse de una acción puntual vinculada a la seguridad nacional y a la aplicación de la ley penal. El documento caracteriza la operación como un acto de cumplimiento de la justicia penal, subordinado a criterios de proporcionalidad y soporte militar incidental, y no como un “acto de guerra” que requiriera autorización legislativa.
Según la versión no clasificada del memorando, la operación fue concebida como un apoyo militar limitado para permitir a las autoridades judiciales estadounidenses capturar a un fugitivo con cargos pendientes en su territorio. Sin embargo, expertos legales y observadores internacionales han planteado cuestionamientos respecto a la interpretación de la ley internacional, por considerar que la acción —aun cuando se presente como de carácter policial— implicó el uso significativo de fuerza en territorio venezolano sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
En el mismo contexto, fuentes no oficiales han señalado que declaraciones de figuras políticas venezolanas favorables al derrocamiento de Maduro, como el caso de la líder opositora, María Corina Machado, habrían influido en la justificación política de la operación por parte de Washington, al ser interpretadas como una manifestación de apoyo de un supuesto gobierno legítimo para autorizar acciones contra lo que EE. UU. calificaba de “usurpador”. Sin embargo, estos aspectos aún no han sido confirmados de manera oficial por las autoridades estadounidenses ni por documentos públicos del Departamento de Justicia.
La publicación parcial de estos documentos ha suscitado un intenso debate sobre los límites de la acción ejecutiva en política exterior, el respeto al marco del derecho internacional y el papel del Congreso estadounidense en decisiones de uso de fuerza fuera de combate declarado.
Fuente: News Pres Now / Mi Morelia.com / News Channel 3-12 / The Tribune / The Washington Post
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