El estado de excepción decretado a finales de 2022 en Honduras para frenar la criminalidad termina este lunes, con posturas diversas: las autoridades defienden su eficacia en la reducción de los homicidios en el país y organismos de derechos humanos denuncian la violación a derechos, malos tratos y torturas.
Durante más de tres años, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro prorrogó la medida en al menos 24 ocasiones, una práctica que, según el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, desvirtuó la naturaleza «excepcional» para convertirla en una norma permanente, restringiendo garantías constitucionales sin la debida justificación legal.
«Debe haber un equilibrio entre esa visión restrictiva que implica la intervención policial, militar y eventualmente la judicial en la represión del delito (…), pero esto debe ir acompañado también de medidas que mejoren la calidad de vida de la gente, garanticen la participación ciudadana, exista una visión comunitaria con enfoque de derechos y sobre todo que se coloque en el centro de la política pública de seguridad a la persona humana», dijo Mejía a EFE.
Fuente: EFE
Discussion about this post