La Secretaria General del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (SINIPAR), Carolina Palacios, denunció que más de 1.800 funcionarios de la Fiscalía General del Estado aún no perciben sus salarios correspondientes, al 3 de febrero, situación que atribuyó a una “desidia administrativa” de la actual gestión encabezada por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández.
En contacto con Radio 1000, Palacios afirmó que no se trata de un hecho aislado ni inédito, sino de una situación que ya se repitió en años anteriores. “Esta es la tercera vez que ocurre. El año pasado casi 300 compañeros cobraron recién después de tres meses; el año anterior ocurrió algo similar, y hoy hablamos de 1.800 funcionarios afectados”, sostuvo.
La dirigente sindical aseguró que el retraso no responde a fallas del Ministerio de Economía ni a responsabilidad de los trabajadores, sino a errores internos en la administración del Ministerio Público. En ese sentido, explicó que el problema se originó por no haber remitido en tiempo y forma la documentación correspondiente a funcionarios cuyos datos fueron modificados en el anexo de personal del Presupuesto General de la Nación.
Palacios recordó que el 9 de enero de este año el Viceministerio de Capital Humano emitió la Circular N.º 01/26, dirigida a todas las instituciones públicas que realizaron modificaciones en su anexo de personal, instándolas a adjuntar la documentación respaldatoria necesaria. “El Ministerio Público presentó esas modificaciones ya en septiembre del año pasado, pero no cumplió con el paso siguiente, que era remitir los documentos correspondientes”, explicó.
Según la sindicalista, la carga de datos en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) recién se inició el 22 de enero, cuando comenzaron a surgir rechazos y observaciones, lo que derivó en una circular interna emitida el 26 de enero —a solo dos días del pago de salarios— por la Dirección de Talento Humano y la Dirección General de Administración y Finanzas.
En dicha circular, según indicó, se informaba de manera escueta que habría demoras en el pago de haberes, sin detallar claramente las causas. Además, cuestionó que posteriormente se haya intentado justificar el atraso señalando que los funcionarios afectados tenían cédulas vencidas. “Eso es falso. Muchísimos compañeros tenían su documentación al día. Fue una excusa burda y una falta de respeto a la inteligencia de los trabajadores”, afirmó.
Palacios también señaló que la notificación a los funcionarios se realizó por correo institucional durante el periodo de feria judicial y vacaciones, lo que dificultó que muchos pudieran responder a tiempo, ya que el acceso a dichos correos es limitado fuera del sistema interno.
Desde el sindicato exigen una solución inmediata y advierten que no permitirán que el pago tardío de salarios se convierta en una práctica habitual dentro de la institución.
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