La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró siete entes públicos claves para el chavismo. Cuatro de ellos los había creado Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos tras el ataque ordenado por Donald Trump en Venezuela para capturarlo.
No es la primera vez que la mandataria se distancia de las políticas que Maduro implementaba antes del ataque estadounidense. A menos de un mes de la detención de su presidente, la exvicepresidente pidió «no tener miedo» a una agenda energética con Estados Unidos.
Rodríguez dispuso suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre «la actividad enemiga interna y externa».
La jefa de Estado ordenó cerrar la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creados por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016.
También se eliminarán la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989).
El decreto firmado por Rodríguez, el N°5.248, tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo «debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social».
«Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos», señala.
La líder chavista transfirió al Ministerio de Relaciones Exteriores «la ejecución de los fines y objetivos» de la misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del «paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz».
«El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora», indica el decreto, que también traspasa otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado.
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