Un hecho que generó fuerte debate público se registró durante un juicio por homicidio en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando la fiscal María Irene Álvarez solicitó la presencia de un traductor para poder continuar la audiencia, alegando que no comprendía el idioma guaraní.
El episodio obligó a frenar momentáneamente el desarrollo del proceso judicial, ya que parte de las declaraciones se realizaban en uno de los idiomas oficiales del Paraguay. La situación desató cuestionamientos y críticas, principalmente en redes sociales, donde se puso en discusión la preparación lingüística de los agentes del Ministerio Público.
Especialistas en materia constitucional y de función pública recordaron que el guaraní tiene rango oficial junto con el castellano, y que los funcionarios del Estado deben estar capacitados para desempeñar sus funciones en ambos idiomas. Asimismo, señalaron que los plazos establecidos para la adecuación y formación en lengua guaraní ya se encuentran ampliamente vencidos.
Fuente: Amambay Urgente
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