La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPCPy) presentó el informe titulado “La palabra en disputa: Diagnóstico y acciones frente a la violencia de género digital en Paraguay”, un estudio que analiza la violencia en entornos digitales como una extensión de las prácticas históricas que han limitado la participación de las mujeres en el espacio público.
El documento expone cómo estas agresiones afectan especialmente a periodistas y comunicadoras, con ataques orientados a desacreditar su labor profesional y vulnerar su vida privada, identidad e integridad. Entre las principales formas de violencia identificadas se encuentran insultos, campañas de difamación, amenazas, divulgación de datos personales y otras modalidades de hostigamiento en línea.
Según datos de la encuesta “Situación de las periodistas y comunicadoras”, realizada por la Red en 2022, ocho de cada diez comunicadoras afirmaron haber sufrido acoso sexual, principalmente por parte de personas en posiciones de poder dentro del ámbito laboral. En 2023, la organización Tedic también reportó múltiples casos de violencia digital contra periodistas, señalando que los ataques suelen intensificarse cuando cubren temas sensibles como corrupción, derechos humanos, género o diversidad sexual.
El informe se sustenta en entrevistas en profundidad a cinco mujeres con voz pública —periodistas y comunicadoras paraguayas de alto perfil— quienes relatan el impacto concreto de estas agresiones en su vida personal y en el ejercicio profesional. Entre las consecuencias mencionadas figuran la autocensura, el retraimiento en redes sociales y la modificación de decisiones editoriales para priorizar su seguridad.
Además del diagnóstico, la publicación incluye kits de seguridad digital dirigidos al sector, con recomendaciones prácticas para la protección de datos, la gestión segura de redes sociales y la prevención de riesgos en entornos digitales.
Desde la organización advierten que la violencia digital contra mujeres periodistas no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que afecta la libertad de expresión y la calidad del debate público. Sus efectos, sostienen, limitan la capacidad de fiscalizar al poder y debilitan la calidad democrática.
El informe concluye que garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo por parte de las mujeres no es solo una cuestión sectorial, sino un requisito fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
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