Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia clave dentro del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. Este miércoles, su defensa insistirá nuevamente ante el juez en que se desestimen los cargos en su contra y los de su esposa, Cilia Flores.
Los abogados argumentan que el Gobierno estadounidense estaría vulnerando el derecho constitucional de Maduro a elegir su defensa legal, al impedirle utilizar fondos públicos venezolanos para financiarla. Según su postura, tanto él como su esposa tienen derecho a que el Estado cubra sus gastos jurídicos conforme a la legislación de su país.
Para el equipo legal, esta situación no es un simple obstáculo administrativo, sino una interferencia directa en el derecho a la defensa. Sostienen que bloquear el acceso a esos recursos altera el equilibrio del proceso judicial.
Por su parte, la Fiscalía rechaza esta interpretación y se opone a la solicitud. Su estrategia se centra en mantener el caso dentro del ámbito estrictamente penal, evitando consideraciones políticas. Además, las autoridades estadounidenses han dejado claro que no permitirán el uso de fondos públicos venezolanos, ya que Washington no reconoce a Maduro como presidente. También sostienen que el acusado dispone de recursos propios para costear su defensa, pese a que él afirma no tener medios suficientes para afrontar un litigio de esta magnitud.
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, también busca la retirada total de los cargos. Argumenta que la detención de Maduro y Flores el 3 de enero en territorio venezolano, durante una operación militar estadounidense, fue ilegal.
La audiencia de hoy refleja un enfrentamiento claro entre ambas partes: la Fiscalía intenta consolidar el caso y avanzar hacia una condena, mientras la defensa insiste en presentar el proceso como una acción de carácter político.
En su primera comparecencia, el 5 de enero, Maduro se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y delitos relacionados con armas.
Según la acusación federal, el dirigente habría utilizado el aparato del Estado venezolano para facilitar operaciones de narcotráfico y enriquecimiento ilícito vinculadas al envío de droga a Estados Unidos.
En el caso de Flores, también declarada inocente, enfrenta cargos similares dentro de la misma causa, principalmente relacionados con tráfico de drogas y posesión de armamento.
Fuente: CNN – Español
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