El fiscal Itálico Rienzi, titular de la Fiscalía Zonal N.º 2 de Mariano Roque Alonso, aclaró que el procedimiento realizado el pasado 6 de abril no se inició por un supuesto “ordeñe” de combustible, sino por una denuncia relacionada con incumplimientos técnicos y posibles delitos ambientales.
En declaraciones a Radio 1000, el agente del Ministerio Público explicó que la intervención tuvo origen en un reporte presentado ante la Municipalidad local, que alertaba sobre el inadecuado almacenamiento de combustibles y derrames en la vía pública.
“El procedimiento no fue inicialmente por ordeñe en sí, sino por posibles delitos ambientales, además de eventuales hechos de apropiación y lesión de confianza”, precisó.
Durante el allanamiento, las autoridades constataron el trasvase de combustible entre camiones cisterna —algunos con emblemas de Petropar y Copetrol— y otros vehículos sin identificación, en plena vía pública.
Rienzi señaló que en el lugar operaba una empresa dedicada al transporte, que contaría con una flota de aproximadamente 30 camiones, además de acopiar combustibles y cubiertas. En ese contexto, indicó que inicialmente se sospechó de un posible hurto de combustible, aunque esa hipótesis perdió fuerza tras la presentación de documentaciones.
“Se me exhibió primero una factura apócrifa y luego una aparentemente legal, lo que obliga a profundizar la investigación”, explicó el fiscal.
No obstante, confirmó que sí se verificó la comisión de un hecho punible vinculado a delitos ambientales, en el marco del artículo 200 del Código Penal, que sanciona el manejo, transporte o disposición irregular de sustancias peligrosas o contaminantes.
Las autoridades incautaron equipos utilizados para el trasvase de combustible, como motobombas y otras maquinarias, mientras que el combustible no fue retenido en ese momento.
Asimismo, el fiscal remarcó que el establecimiento no contaba con habilitación del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), ni reunía condiciones básicas de seguridad, como extintores o sistemas de mitigación ante derrames.
Finalmente, Rienzi indicó que, si bien existen versiones sobre la supuesta implicancia de actores políticos o exautoridades, no cuenta con elementos que respalden dichas afirmaciones, aunque se mostró abierto a recibir denuncias formales bajo reserva.
El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
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