El Ciclón presentó formalmente este lunes un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Disciplinario de la APF que dio por concluido el superclásico del pasado 19 de abril y adjudicó los puntos al Club Olimpia. La defensa, encabezada por el abogado José Ignacio González Macchi, sostiene que la suspensión no fue responsabilidad exclusiva de su hinchada, sino el resultado de un colapso generalizado del sistema de seguridad que involucró a ambas parcialidades y un accionar deficiente de la Policía Nacional. El documento solicita como medida preventiva la suspensión inmediata de los efectos de la resolución impugnada, señalando que los puntos otorgados «en escritorio» definieron anticipadamente el Torneo Apertura 2026 a favor del rival.
La argumentación central se basa en que la imposibilidad de continuar un partido se deba a la «culpa exclusiva» de una de las parcialidades, presupuesto que el Ciclón considera que no se cumple. El club detalla un fallo crítico en el operativo policial, denunciando un uso desmedido de la fuerza que incluyó disparos de balines de goma a quemarropa y la detonación de gases lacrimógenos. Según la apelación, fueron precisamente estos gases los que obligaron a espectadores pacíficos, jugadores y árbitros a evacuar hacia el campo de juego o los vestuarios para resguardar su integridad.
Asimismo, el escrito subraya la participación activa de la hinchada rival, basándose en informes oficiales y videos que muestran cómo integrantes de la barra de Olimpia descendieron de Gradería Sur al campo de juego. Estos se habrían dirigido hacia el sector norte para enfrentarse a los seguidores de Cerro Porteño, utilizando piedras y objetos contundentes durante los disturbios. La entidad azulgrana sostiene la existencia de una «causalidad compartida», donde la invasión al campo y la posterior suspensión se debieron al desborde total de la seguridad causado por la confluencia de los incidentes con la respuesta policial.
Por otro lado, realiza cuestionamientos directos al Tribunal Disciplinario desde un punto de vista ético, criticando la participación en la decisión del exdirectivo de Olimpia, Jorge Saldívar. El club argumenta que Saldívar votó a favor de la suspensión del clásico y la adjudicación de los puntos a su antiguo club, lo que vicia la legitimidad del fallo original. Esta situación es presentada como una interpretación arbitraria del reglamento que perjudica la competitividad y la transparencia del torneo paraguayo.
Finalmente, la institución solicita que el superclásico se reanude desde el minuto 29 a puertas cerradas, con el fin de que el resultado se dirima estrictamente en el campo de juego. Con este recurso, Cerro busca revertir lo establecido en la Resolución actual y evitar que los puntos se otorguen administrativamente. El caso queda ahora en manos del Tribunal de Apelación de la APF, que deberá decidir si da lugar a las pruebas y argumentos presentados.






















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