La Corte Suprema de Justicia resolvió, en su última sesión plenaria, convocar a una reunión de trabajo para el próximo lunes 11 de mayo con el objetivo de debatir un cambio estructural en el acceso a la profesión jurídica. La propuesta central busca que los egresados de facultades de Derecho que no cuenten con la acreditación de la ANEAES deban rendir obligatoriamente un examen de competencias básicas para obtener su matrícula profesional.
Esta iniciativa surge tras una nota remitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que plantea la necesidad urgente de ajustar los criterios de matriculación. Según la propuesta, el estado de acreditación de la carrera será un factor determinante; la Agencia colaborará directamente con la máxima instancia judicial en la definición de estándares de calidad y la elaboración de las matrices de evaluación para dichos exámenes.
Durante el pleno, los ministros de la Corte expresaron su profunda preocupación por la situación actual, señalando el riesgo de habilitar a profesionales que podrían carecer de los conocimientos fundamentales para la defensa de los derechos ciudadanos. En este contexto, se recordó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya ha resuelto dejar de inscribir títulos de carreras no acreditadas a partir de los años 2027 y 2028, lo que refuerza la tendencia hacia una mayor exigencia académica.
Finalmente, la ofensiva contra la baja calidad educativa también apunta al ámbito administrativo. La ANEAES solicitó al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) la intervención de oficio de aquellas carreras que eluden sistemáticamente los procesos de evaluación de calidad, buscando depurar la oferta académica en el área del Derecho y garantizar la idoneidad de los futuros auxiliares de justicia.
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