La abogada Cecilia Pérez cuestionó un posible uso de fondos públicos para financiar una supuesta “campaña sucia” en redes sociales contra periodistas y sectores críticos al Gobierno.
En entrevista con Radio 1000, Pérez señaló que, según una investigación periodística, existirían vinculaciones entre páginas digitales y campañas oficiales relacionadas con programas estatales como SUMAR, Hambre Cero y Che Róga Porã.
“Conforme a la propia investigación periodística, hay vinculaciones con el Estado en las pautas formales de SUMAR, Hambre Cero y Che Róga Porã. Era de público conocimiento, pero ahora resulta que esas páginas, porque son más de una, incluso abrieron un medio para hacer esta campaña sucia”, expresó.
La exministra afirmó que el aspecto más delicado del caso radica en la eventual utilización de recursos estatales. “Si se hacen con fondos privados no hay problema, porque sabemos que las campañas sucias existen, pero el Estado no puede estar solventando esto contra periodistas que tengan posturas críticas al Gobierno”, sostuvo.
Pérez también advirtió sobre la posible utilización de recursos provenientes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) dentro del programa SUMAR. Según indicó, parte de esos fondos provendrían de bienes decomisados al condenado empresario Ramón González Daher.
“El caso de SUMAR es bastante delicado porque tiene un componente de fondos de Senabico, cuya ley tiene un artículo específico sobre el destino de los bienes decomisados e incautados”, manifestó.
Asimismo, cuestionó presuntas inconsistencias en un comunicado emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y afirmó que, tras hacerse públicas las denuncias, comenzaron a desaparecer enlaces digitales relacionados con el caso.
“Lo que vimos es que se fueron borrando los links, como que alguien estuvo queriendo borrar la trazabilidad o los rastros”, denunció.
Finalmente, informó que ya fue presentada una denuncia formal ante el Ministerio Público. No obstante, indicó que desde la institución les comunicaron que el caso deberá ser remitido a una fiscala adjunta para determinar si corresponde abrir una investigación.
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