La jueza penal de Garantías, Rosarito Montanía, ordenó la prisión preventiva de Narciso Ayala, alias «Bugão» señalado por el Ministerio Público como supuesto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos.
La resolución fue emitida el 12 de mayo de 2026 y dispone que el procesado cumpla la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Con esta decisión judicial también quedó extinguido el estado de rebeldía que pesaba sobre Ayala desde octubre de 2021, así como las órdenes de captura nacionales e internacionales dictadas en su contra durante el tiempo que permaneció prófugo. El juzgado además reactivó los plazos procesales y estableció el 12 de noviembre de 2026 como fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía.
De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Lorena Ledesma y Enrique Fornerón, Ayala habría encabezado una red criminal dedicada al traslado de cocaína desde Perú y Bolivia hacia Paraguay, para posteriormente enviar la carga a Brasil y Europa.
La investigación patrimonial sostiene que el presunto esquema operaba mediante el uso de familiares y personas allegadas como supuestos prestanombres para insertar dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional.
Entre los bienes y activos vinculados a la estructura aparecen empresas consideradas de fachada, como “4 Hnos. de Canindeyú SRL”, además de unas 15 propiedades ubicadas en el departamento de Canindeyú, entre ellas la denominada “Estancia Ayala”. También figuran vehículos de alta gama y otros bienes cuyo origen económico no habría podido ser justificado.
La defensa del imputado había solicitado arresto domiciliario en Saltos del Guairá y la aplicación de monitoreo electrónico mediante tobillera. Sin embargo, la magistrada rechazó ambas medidas al considerar que existen elevados riesgos de fuga.
Entre los argumentos expuestos por el juzgado se menciona que Ayala no se presentó voluntariamente ante la Justicia y que fue detenido durante un allanamiento utilizando una identidad falsa. Asimismo, se indicó que la defensa no logró acreditar arraigo suficiente ni condiciones laborales estables.
La jueza también tuvo en cuenta que el acusado reside habitualmente en una zona fronteriza con Brasil, lo que facilitaría una eventual salida del país. A esto se suma la expectativa de pena por los delitos investigados, que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
En cuanto al pedido de monitoreo electrónico, el tribunal señaló que no fueron presentados los requisitos técnicos necesarios ni el informe de factibilidad emitido por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC).
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