Un total de 27,3 millones de ciudadanos peruanos están convocados a las urnas este domingo para disputar un balotaje presidencial decisivo que mantiene al país dividido en dos y sumido en una profunda incertidumbre política. Los electores se enfrentan al dilema reiterativo de devolver al fujimorismo al poder tras veinticinco años de ausencia o respaldar el proyecto de izquierda articulado en torno a la figura del encarcelado exmandatario Pedro Castillo, representado en esta ocasión por su exministro Roberto Sánchez. De acuerdo con los analistas, la contienda se definirá menos por la simpatía hacia los postulantes que por el elevado nivel de rechazo que ambos arrastran.
Las encuestas previas al cierre de su difusión reflejan un escenario de paridad extrema dentro del margen de error estadístico. Mientras que la firma Ipsos otorga un empate técnico con un 43 % para cada candidato, otorgando apenas seis décimas de ventaja a Sánchez tras el último debate, la consultora Rubikon Intel proyecta una victoria para Keiko Fujimori con el 43,2 % de las intenciones de voto frente a un 40,1 % de su rival.
Este panorama de polarización agudiza la histórica brecha entre el sector urbano y las clases medias alineadas con Fujimori, y el voto de protesta del universo rural y las sierras postergadas del interior que respaldan a Sánchez.
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular y quien busca la presidencia por cuarta vez consecutiva, centra su discurso en la promesa de aplicar «mano dura» y restablecer el orden macroeconómico e institucional. Su plataforma defiende la apertura comercial, la inversión privada y el control de la inseguridad ciudadana —marcada por un aumento del 20 % en extorsiones durante 2025— emulando los aspectos positivos del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, aunque cargando con el lastre del antifujimorismo debido a las violaciones de derechos humanos del régimen de los noventa y el descrédito del actual Congreso.
Por su parte, Roberto Sánchez, al frente de la coalición Juntos por el Perú, capitaliza el resentimiento de las regiones del sur y promete la liberación de Pedro Castillo como un acto de reparación para sus simpatizantes. Si bien su programa original planteaba un enfoque marcadamente estatista —que incluía el control estatal de recursos naturales y el desconocimiento de los tratados de libre comercio—, en los últimos días incorporó a un nuevo equipo de campaña para moderar su discurso y asegurar que no intervendrá en el Banco Central de Reserva, buscando captar el voto de los indecisos y mitigar los temores del empresariado urbano.
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