Julio Fernández, economista jefe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en charla con Economía A 1000, alertó el incumplimiento sistemático del Estado paraguayo con el Instituto de Previsión Social (IPS), comprometiendo seriamente la sostenibilidad financiera de la previsional. El análisis surgió durante la presentación del informe sobre estabilización financiera y blindaje institucional de la entidad.
El especialista recordó que una ley vigente desde 1957 obliga al Estado a aportar el equivalente al 1,5% de la masa salarial al sistema previsional, una disposición que, según afirmó, nunca fue cumplida. Como consecuencia, la deuda acumulada ya alcanza aproximadamente USD 700 millones, de acuerdo con registros oficiales del propio IPS.
«Es un monto sin considerar intereses, pérdida del poder adquisitivo ni devaluación. Si eso se calculara de forma real, la cifra sería incalculable», puntualizó Fernández.
Explicó que el cálculo no incorpora factores como intereses, inflación, pérdida del poder adquisitivo ni actualización monetaria, elementos que elevarían significativamente el monto adeudado. Además, señaló que solo durante 2026 la obligación incumplida generará cerca de USD 90 millones adicionales, profundizando el déficit acumulado.
Respecto a la situación patrimonial de la previsional, indicó que el IPS logró constituir reservas cercanas a los USD 2.700 millones gracias a los rendimientos obtenidos mediante inversiones financieras durante las últimas décadas. Sin embargo, consideró que el volumen de esos fondos debería ser mucho mayor si se hubieran concretado los aportes estatales previstos por ley y si la administración histórica de los recursos hubiera sido más eficiente.
El economista también cuestionó la intención de descontar de la deuda estatal un desembolso cercano a USD 100 millones realizado durante la pandemia. A su criterio, esos recursos correspondieron a gastos extraordinarios asumidos por el IPS para enfrentar una emergencia nacional, incluyendo prestaciones que excedían el ámbito estrictamente previsional, por lo que el debate sobre su compensación continúa abierto.
Finalmente, Fernández rechazó la idea de que el IPS funcione como una entidad exclusivamente privada. Argumentó que la estructura de gobierno de la institución evidencia una fuerte participación estatal, considerando que el presidente de la previsional es designado por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, afirmó que, aunque los recursos provienen principalmente de trabajadores y empleadores, la conducción y el control institucional mantienen un marcado componente público.
«En ninguna parte del mundo existe un ente privado cuyo titular sea nombrado por el Ejecutivo. Si bien los recursos provienen legítimamente del sector productivo privado, la administración de la seguridad social posee una innegable gobernanza pública», concluyó el economista Julio Fernández.
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