El director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, informó que la institución se encuentra analizando la denuncia presentada en torno a una licitación de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) y que actualmente aguarda la respuesta oficial de la previsional para determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
En entrevista con Radio 1000, Encina explicó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya corrió traslado de la denuncia al IPS y espera recibir la contestación correspondiente para avanzar en el análisis del caso.
“Esperamos la respuesta del IPS. Nos manifestaron que hoy presentarían su contestación sobre el traslado que hemos realizado y, a partir de ahí, podremos determinar qué fue lo que ocurrió”, señaló.
El titular de la DNCP indicó que el principal objetivo de la institución es verificar si fueron respetados los plazos procesales previstos en la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas y si los oferentes tuvieron condiciones adecuadas para participar del proceso.
Según explicó, la denuncia resulta llamativa debido a que en el procedimiento participaron 29 oferentes, lo que evidencia que existió publicidad suficiente del llamado.
“Lo que velamos es que todos los plazos hayan sido cumplidos y que las empresas hayan tenido las condiciones necesarias para presentarse. En este caso existen 29 oferentes, por lo que claramente hubo un acto de publicidad”, afirmó.
Encina aclaró además que adelantar o postergar fechas dentro de un proceso licitatorio constituye una facultad de las instituciones convocantes, siempre que se respeten los plazos legales establecidos y no se vulneren los derechos de los potenciales participantes.
“No existe ilegalidad en adelantar o retrasar un proceso licitatorio, siempre y cuando se hayan respetado los plazos procesales establecidos por la Ley 7021, tanto para procedimientos ordinarios como especiales”, sostuvo.
Asimismo, recordó que la sola presentación de una denuncia no implica la suspensión automática del llamado.
“La introducción de una denuncia no suspende el proceso. La licitación sigue su curso y nosotros vamos a darle la máxima celeridad al análisis una vez que contemos con la respuesta del IPS”, manifestó.
Durante la entrevista, Encina también defendió el trabajo de control realizado por la DNCP y destacó las acciones impulsadas para fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas.
Señaló que durante el último año la institución registró la mayor cantidad de proveedores inhabilitados de su historia y promovió denuncias contra cerca de 120 intendentes municipales por presuntas irregularidades detectadas en procesos de ejecución presupuestaria.
“Todos esos casos fueron remitidos a la Contraloría General de la República y posteriormente derivados al Ministerio Público ante la eventual existencia de hechos punibles”, indicó.
El director nacional destacó además los programas de capacitación impulsados por la institución como una herramienta clave para prevenir irregularidades y fortalecer el cumplimiento de la normativa.
Según detalló, más de 50.000 personas fueron capacitadas en la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, lo que contribuye a que funcionarios y proveedores conozcan con precisión sus obligaciones.
“Cuando una persona conoce la normativa y aun así incurre en irregularidades, ya no estamos hablando de un error o desconocimiento, sino de una conducta dolosa”, concluyó.
Discussion about this post