El juez penal de garantías interino de Delitos Económicos, Osmar Legal —quien se encuentra reemplazando a su colega Humberto Otazú—, reactivó los trámites procesales al remitir un nuevo oficio al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Raúl Luis Latorre. A través de esta comunicación, la sede judicial reiteró de forma oficial el pedido de desafuero dictado originalmente en diciembre de 2023 contra el diputado nacional Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí). El legislador se encuentra imputado por el agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta por la supuesta comisión de administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, en carácter de autor. A pesar de que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja dictaminó a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria, el pleno nunca incluyó el tema en el orden del día de las sesiones, congelando el trámite por más de dos años.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el esquema criminal logró desviar un total de G. 1.108.599.918 de los fondos públicos de la comuna de Quyquyhó entre los años 2017 y 2018, periodo en el que Samaniego se desempeñaba como jefe comunal. Los peritajes de la fiscalía sostienen que el dinero sustraído fue invertido directamente en la construcción de la lujosa residencia de la familia Samaniego-Corvalán, una edificación de dos plantas y 306 m² ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, erigida sobre un terreno propiedad de la madre del diputado, Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, quien también se encuentra formalmente acusada en el expediente.
Tras resolverse los recursos pendientes, el magistrado fijó las fechas para la masiva audiencia preliminar del caso, la cual se desarrollará los días 29 y 30 de junio, y el 1 de julio de 2026, a partir de las 09:30 horas. Un total de catorce procesados deberán comparecer ante el juzgado. Entre los principales acusados civiles se encuentra la actual intendenta de la referida ciudad y cónyuge del legislador, Patricia Adriana Corvalán, además de Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, todos ellos procesados por los cargos de administración en provecho propio y lavado de dinero. La nómina de acusados llamados a audiencia la completan Enrique Lovera, Guido Vargas, Carlos Bareiro, Ruth Medina, Líder Ramírez y Pedro Ettiene (por administración en provecho propio y asociación criminal); Benigno Villasboa y Óscar Fanego (por asociación criminal); y Christian Daniel Domínguez junto a Damián de Jesús Galarza (por administración en provecho propio).
Precisamente, respecto al encausado Damián de Jesús Galarza Dárdano, el juez Legal dictó una dura resolución al revocar las medidas alternativas que le habían sido otorgadas en 2024 y decretar su prisión preventiva inmediata, ordenando su captura a la Policía Nacional. El magistrado determinó que Galarza incurrió en una abierta «temeridad procesal» con el fin de dilatar los plazos, luego de que el pasado 3 de junio de 2026 presentara la designación de un nuevo defensor y la recusación del juez minutos antes del inicio de la diligencia, demostrando una absoluta falta de voluntad para someterse a la justicia. Por este mismo hecho, el abogado defensor Derlis Patrocinio Maciel Riveros fue citado a una audiencia disciplinaria para el 29 de junio de 2026 a las 08:30 horas, donde se evaluará la aplicación de severas sanciones por actuar de mala fe y obstaculizar el normal desarrollo del proceso penal.
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