El presidente del Congreso Nacional, el senador colorado Basilio «Bachi» Núñez, adelantó la postura de la bancada oficialista con respecto al proyecto de ley que busca agilizar los trámites de divorcio en el país, conocido popularmente como divorcio «exprés». Tras las deliberaciones internas del bloque de la ANR, el legislador manifestó que la propuesta no cuenta con el visto bueno del oficialismo y anunció que plantearán formalmente la postergación de su tratamiento o, en su defecto, votarán directamente por el rechazo de la normativa.
Según las declaraciones brindadas por el titular del Legislativo, la iniciativa proviene de un «sector progresista» y confronta de manera directa con los valores tradicionales y la estructura de la familia. Núñez argumentó que, lejos de dinamizar los trámites legales como sostienen los proyectistas, la propuesta jurídica terminaría enlenteciendo las posibilidades de resolución en diversos casos particulares. Asimismo, comparó la pieza legislativa actual con un proyecto presentado en periodos anteriores por el entonces diputado Óscar Tuma, con quien mantuvo conversaciones para analizar los alcances y deficiencias de la nueva propuesta.
Se cuestionó al parlamentario sobre cuáles serían los puntos específicos en los que la ley atentaría contra el núcleo familiar, bajo la premisa de que el proyecto busca abaratar los costos y reducir el tiempo de los procesos para aquellas personas que ya no desean convivir juntas. Al respecto, Núñez señaló supuestas rigideces en los plazos y la toma de decisiones. El senador expresó que, según el análisis de asesores jurídicos, el mecanismo que obliga a ratificar la separación en un periodo de 30 a 60 días ante un juez jurisdiccional podría dejar sin efecto la posibilidad de que los cónyuges cambien de opinión o se arrepientan si deciden recomponer el vínculo con su pareja en ese lapso.
Ante las consultas de los cronistas sobre si la oposición del bloque colorado responde en realidad a una defensa corporativa para evitar que se afecte el negocio económico de los estudios jurídicos y los abogados litigantes con procesos más cortos, el presidente del Congreso descartó de plano dicha versión. Núñez enfatizó de forma tajante que la nucleación política a la que representa no defiende intereses particulares de ningún sector profesional, sino que responde a una línea doctrinaria e histórica orientada a salvaguardar la protección de la institución familiar en la República del Paraguay.
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