La última reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos concluyó este miércoles sin alcanzar un consenso entre los representantes del Gobierno, de los trabajadores y del sector empresarial. Ante la falta de un acuerdo en cuanto al porcentaje definitivo de incremento, el organismo técnico resolvió —conforme a los dictámenes establecidos en la legislación laboral— elevar todas las actas, antecedentes y posturas en disidencia al presidente de la República, Santiago Peña, quien tendrá la atribución exclusiva de determinar el nuevo monto que regirá en el país a partir del próximo 1 de julio de 2026. El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo legal que se extiende hasta el 30 de junio para firmar el respectivo decreto.
La mesa de negociaciones, que se extendió a lo largo de un mes entero, se estancó debido a que las partes involucradas no cedieron en sus propuestas originales. Por un lado, el sector de los trabajadores ratificó su exigencia de un reajuste del 20%, basándose en estudios sobre la pérdida histórica del poder adquisitivo y el costo de vida. En contrapartida, los representantes del sector empleador se plantaron firmes en la aplicación estricta de la fórmula legal ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay, que reportó una inflación del 2,4%. Debido a esta polarización de números, la CONASAM optó por emitir un dictamen genérico en mayoría que recomienda al jefe de Estado aplicar un reajuste salarial «equilibrado».
Análisis técnico, bases jurídicas y recomendación de un ajuste equilibrado
El director del Trabajo y presidente de la CONASAM, Jorge Rivas, explicó los detalles técnicos y el marco legal bajo el cual se desarrolló la última sesión del organismo. Rivas lamentó que las reuniones no concluyeran con un acuerdo cerrado sobre el porcentaje definitivo, lo que obligó a la comisión a remitir el acta íntegra con las posturas contrapuestas para que el Ejecutivo tome la decisión final conforme a sus atribuciones legales.
El funcionario fundamentó que la recomendación de aplicar un reajuste «equilibrado» se construyó mediante una interpretación integral de las normas vigentes y la inclusión de factores más amplios que el simple IPC del Banco Central del Paraguay. Detalló que, gracias al soporte del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, se incorporaron valiosos análisis sobre la evolución real del salario y los ingresos de los trabajadores desde la década de 1990 hasta el presente año 2026. Finalmente, Rivas destacó el nivel de seriedad institucional alcanzado en este periodo, mencionando como un hito inédito la elaboración de un reglamento interno de sesiones y la redacción de las memorias de la CONASAM para dar solidez documental al proceso.
“Elaboramos la recomendación para el Poder Ejecutivo conforme marca la Ley. Penosamente no concluimos con un acuerdo en cuanto al porcentaje del reajuste, entonces decidimos enviar todos los antecedentes y la moción en mayoría de lo resuelto en comisión como recomendación. Ante la falta de un acuerdo respecto a un porcentaje, ya que cada sector se mantuvo en su posición original, enviamos la totalidad de los antecedentes y recomendamos un reajuste salarial equilibrado, considerando todos los elementos que fueron objeto de estudios por parte de Conasam”.
Denuncia de desfase económico y exigencia sindical del 20% de incremento
El representante de la clase obrera y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, Bernardo Rojas, ratificó la firme postura del sector sindical de no ceder en su exigencia de un incremento del 20%, el cual equivale a un ajuste lineal de G. 547.000. Rojas criticó la dinámica de las reuniones de la CONASAM, señalando que el sector gubernamental y empresarial evitaba debatir sobre números reales, limitándose a repetir los mismos esquemas de años anteriores.
El líder sindical explicó que la propuesta de los trabajadores busca subsanar un desequilibrio profundo e histórico entre el costo de vida y el salario básico actual. Manifestó que las centrales obreras coinciden plenamente con las conclusiones generales del estudio técnico del Ministerio de Trabajo, el cual valida la existencia de un desfasaje en el poder de compra de las familias. Debido a las limitaciones de la CONASAM —a la cual tildó de ser una institución sin gran valor en su formato actual—, Rojas adelantó que enfocarán sus esfuerzos en solicitar una audiencia directa con el presidente Santiago Peña e impulsar una reforma legal profunda de la comisión para convertirla en un verdadero órgano de salarios.
“En término de número no hubo ninguna variación de todas las reuniones que hicimos. No se quiere hablar de número; lamentablemente, nosotros sí hablamos de número, propusimos y nos mantenemos en nuestra posición del reajuste salarial del 20%. Eso es lo que nosotros necesitamos, 547.000 guaraníes. Conasam sigue siendo una institución que para mí no tiene gran valor. Entonces tenemos que, a partir de ahora, proponer el cambio de Conasam, sus atribuciones, su competencia, y hacer que Conasam se convierta en verdadera Comisión Nacional de Salarios”.
Defensa de la legalidad del IPC y rechazo a la politización del salario
El vocero del sector empleador, Enrique Vidal Lovera, argumentó la postura de los gremios empresariales, la cual se centró exclusivamente en defender el cumplimiento estricto de la ley laboral vigente que vincula los reajustes anuales al IPC determinado por el Banco Central del Paraguay. Lovera expresó su preocupación ante las pretensiones de los demás sectores de apartarse de los mecanismos legales preestablecidos.
El representante de las patronales justificó el rechazo al pedido de suba del 20% alegando que el estudio presentado por los sindicatos carece de consistencia temporal al tomar como base histórica el año 1989. Explicó que el análisis técnico del empresariado se basó en el periodo de vigencia de la ley actual, que va desde el 2016 hasta el 2026, demostrando que en dicho lapso el reajuste promedio anual fue del 4,6%, una cifra que se posiciona por encima de la inflación acumulada y que convalida la efectividad del sistema actual. Respecto a las propuestas de reforma del organismo, Lovera descartó la necesidad de crear nuevas estructuras o institutos de salario, señalando que la CONASAM es una herramienta útil siempre y cuando se maneje con criterios técnicos que eviten la politización de la economía.
«El sector empresarial se mantuvo en su postura de que el salario mínimo tiene que estar reajustado de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que provee el Banco Central del Paraguay. Se presentaron dos propuestas, no hubo acuerdo, no hubo consenso, entonces se llevan las dos propuestas a la ministra para que le haga llegar al presidente de la República y tome la decisión. Lo que sí es preocupante es que se quiera salir de lo que dice la ley. La ley dice claramente que el reajuste va a ser en base al IPC».
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