En el marco del 34.° aniversario del Día de la Jura de la Constitución Nacional de 1992, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados llevó a cabo un acto conmemorativo en su sala de sesiones que contó con la disertación del doctor Emilio Camacho, exconvencional constituyente. Tras el evento, la presidenta de la institución, Alicia Pucheta de Correa, brindó una rueda de prensa donde planteó una postura disruptiva sobre el futuro y la estructura del órgano extra-poder. La exministra de la Corte sugirió de manera personal que el JEM debería experimentar una reforma constitucional en su composición para desvincularlo de las influencias de los partidos tradicionales.
Al ser consultada sobre las constantes críticas respecto al manejo político y la falta de credibilidad histórica del organismo, Pucheta propuso un modelo alternativo que reemplace el esquema actual de representación parlamentaria y gremial. «A mí me parece… desde mi punto de vista, que sean jubilados… académicos jubilados», afirmó la titular del JEM, detallando que vería más conveniente que todos los integrantes sean docentes universitarios de derecho que ya no se encuentren ejerciendo cargos públicos activos.
En lo que respecta al balance de su propia administración, iniciada tras ser designada por el Poder Ejecutivo y electa luego como representante ante el Consejo de la Magistratura, Pucheta enfatizó que su prioridad absoluta ha sido el combate contra la mora y la impunidad interna. “De momento de mi gestión, el objetivo fundamental fue que no prescriban ningunas causas que se dio inicio al enjuiciamiento (…) Porque eso es la impunidad. Cuando, por ejemplo, se inicia justamente el enjuiciamiento, que debe finalizar a los 180 días. Si eso no se produce, ahí está la impunidad”, sentenció, asegurando que mediante informes periódicos exigidos a la Dirección de Asuntos Legales se ha logrado que ningún expediente caduque fuera de los plazos.
La presidenta del JEM también fue interpelada por los periodistas sobre temas sensibles de la historia reciente de la institución, tales como las presiones políticas, las llamadas de auxilio de jueces y el cuestionado paso del legislador Hernán Rivas por la presidencia del cuerpo. Pucheta prefirió llamarse al silencio sobre esos episodios específicos argumentando que corresponden a periodos en los que ella no formaba parte del órgano. “Yo no puedo hablar de casos que yo no estuve (…) Yo recién entré hace dos años”, esquivó, añadiendo que en su trayectoria previa como magistrada le estaba vedado emitir opiniones públicas sobre dichos escándalos.
Ante la consulta directa de si ha recibido presiones externas para direccionar los fallos de la institución en los dos periodos que lleva al frente, la experimentada abogada negó rotundamente haber sido blanco de condicionamientos por parte de actores políticos o fácticos. “No. Yo no sé si porque soy antigua magistrada y saben que… que he aplicado siempre la ley”, aseveró. Asimismo, ante las dudas periodísticas sobre la calidad de los juzgamientos a jueces y fiscales, recordó que los fallos son técnicos y que, al igual que en las sentencias del Poder Judicial, “el cuestionamiento a las resoluciones que dicta el Jurado (…) puede no gustar… la crítica a las resoluciones es libre”.
La propuesta lanzada por la titular del JEM añade un nuevo elemento al debate jurídico en Paraguay, en momentos donde diversos sectores políticos sugieren la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna. Aunque Pucheta aclaró que se trata de una visión particular basada en su larga carrera dentro de la magistratura (donde se desempeñó como fiscal, defensora y jueza), la idea de «ciudadanizar» y tecnificar el JEM con juristas jubilados busca mitigar el histórico estigma de la institución como una supuesta herramienta de chantaje y persecución política.
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