El presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Isaías Fretes, mantuvo una extensa reunión con los miembros de las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control de la Cámara de Senadores para analizar el proyecto de declaración de emergencia de la previsional. Al término del encuentro, el alto funcionario aclaró ante la prensa que no está de acuerdo con aprobar el texto actual de la normativa de manera apresurada. En su lugar, solicitó la instalación inmediata de una mesa técnica bipartita para pulir el documento y establecer un comité contralor estricto, advirtiendo los enormes riesgos de habilitar compras directas y discrecionales sin las debidas reglas claras.
Durante su comparecencia, Fretes argumentó que el proyecto de emergencia —que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados— debe ser modificado sustancialmente para evitar que se convierta en una ventana abierta a la corrupción institucional. Al ser consultado sobre el peligro de puentear los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas mediante la vía de la excepción, el médico apeló a una fuerte analogía propia de su profesión de origen: “¿Sabe qué decimos nosotros en cirugía cuando no se hacen bien las cosas y el cirujano no está bien formado? Un mono con gillette es eso”, sentenció, enfatizando que la transparencia y las auditorías jurídicas preventivas resultan innegociables para blindar su administración.
El titular del IPS trazó un panorama sombrío sobre la realidad de la previsional, afirmando con crudeza que la institución “así como está, va camino al precipicio y nosotros tenemos que evitar eso”. El directivo detalló el crítico descalce financiero que afecta la provisión de insumos y que impacta diariamente en las estanterías de los asegurados, revelando números alarmantes: “Se compra por un valor de 44.000 millones de guaraníes mensuales medicamentos, sin embargo, necesitamos 156.000 millones. Vean el déficit”, graficó, concluyendo que las medidas administrativas rápidas son insuficientes si no se acompaña al mismo tiempo con una solución de fondo a la crisis financiera.
La administración actual expuso además el condicionamiento logístico que representan los compromisos económicos millonarios asumidos por gestiones pasadas, los cuales demandan el desembolso de 176.000 millones de guaraníes mensuales únicamente para el pago de deudas arrastradas. Fretes exteriorizó su frustración por los contratos de tercerización heredados, como los de seguridad y limpieza, que atan de manos a la institución debido al riesgo de demandas jurídicas contra el Estado paraguayo. Entre las cuentas pendientes de mayor envergadura, el funcionario precisó que se adeudan 98.000 millones de guaraníes por el Centro Hemato-oncológico y otros 28.000 millones de guaraníes por las obras paralizadas en el Hospital Buongermini.
Como contrapartida al sombrío escenario, el médico resaltó que su gestión ya empezó a «cerrar las bocas de corrupción» a través de una reingeniería de costos y la optimización de los pliegos de bases y condiciones. Mencionó como un caso de éxito el ahorro de 5.000 millones de guaraníes mensuales en el servicio de limpieza, así como una reducción de dos millones de dólares lograda mediante la revisión de los precios de apenas 24 productos farmacéuticos de un listado de más de 900 insumos. Fretes adelantó que el equipo económico presentará un plan de contingencia definitivo a la opinión pública en un plazo no mayor a un mes.
Hacia el cierre de la rueda de prensa, el presidente del IPS fue consultado de forma específica sobre la reciente y polémica adjudicación de un sistema informático por un valor de 102.000 millones de guaraníes a la empresa InfoCenter. Si bien evitó dar detalles técnicos del contrato alegando que el caso ya se encuentra bajo un riguroso examen de control interno, Fretes ratificó su postura de tolerancia cero hacia las irregularidades administrativas. “El proceso, la denuncia, la auditoría, asesoría jurídica, Fiscalía. Que no haya más impunidad. Tiene que terminar eso en nuestro país”, concluyó el alto funcionario antes de retirarse del recinto legislativo.
Califican de «prudente» la actitud del titular de la previsional
El senador Dionisio Amarilla informó que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, solicitó un plazo de 30 días para que el equipo técnico de la previsional, en coordinación con especialistas de la Cámara de Senadores, analice el proyecto de ley de reforma institucional que ya cuenta con media sanción.
Según explicó el legislador, el objetivo es revisar diversos aspectos técnicos de la propuesta e incorporar temas que actualmente no están contemplados en el texto. Entre ellos, destacó la necesidad de establecer mecanismos para el pago de la deuda acumulada con el IPS, que ronda los 1.200 millones de dólares, así como definir claramente los plazos para su cancelación.
Amarilla señaló que durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto también se abordaron las herramientas legales vigentes que permiten realizar compras por la vía de la excepción, especialmente en situaciones que requieren respuestas rápidas por parte de la institución.
Asimismo, indicó que una eventual ley especial podría contemplar la incorporación excepcional de profesionales de la salud a la plantilla del IPS, con el propósito de agilizar los procesos de contratación y reducir los tiempos de los concursos públicos.
Respecto a las críticas sobre la tercerización de servicios, el senador sostuvo que se trata de una figura que debe ser analizada con mayor profundidad, evaluando la relación costo-beneficio entre la gestión pública y privada. En ese sentido, enfatizó que los desafíos del IPS exceden cuestiones puntuales como el leasing o la provisión de medicamentos.
El parlamentario remarcó además la necesidad de avanzar hacia una reforma integral de la previsional, que incluya mayor transparencia en la administración de los fondos jubilatorios y fideicomisos, así como la modernización de la infraestructura, los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías.
Finalmente, Amarilla consideró que los 30 días solicitados por la administración del IPS constituyen un plazo prudencial para debatir todas las aristas técnicas del proyecto antes de que se cumpla el plazo de sanción ficta.
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