Un Tribunal Colegiado de Sentencia de la Capital condenó de manera unánime a 18 años de pena privativa de libertad a un hombre tras ser hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. Las agresiones fueron perpetradas de forma sistemática en contra de su hijastra menor de edad. La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la agente fiscal Mercedes Caniza, quien lideró la acusación durante el proceso penal.
Durante la sustanciación de la audiencia pública, la fiscal de la causa logró demostrar de forma fehaciente ante los magistrados tanto la existencia material del hecho punible como la autoría directa y la reprochabilidad del ahora condenado. Para fundar el pedido de pena, la Fiscalía produjo un sólido conjunto de elementos probatorios recabados durante la etapa preparatoria, que incluyó la presentación de pericias psicológicas forenses, testimonios de personas del entorno de la víctima e informes médicos especializados que acreditaron clínicamente el daño infligido a la niña.
El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso estuvo presidido por el magistrado Fabián Weisensee, y conformado por las juezas Cándida Fleitas y Laura Ocampos como miembros titulares. Tras deliberar sobre las evidencias expuestas en el juicio oral, el órgano juzgador concluyó que las pruebas técnicas y testificales aportadas por el Ministerio Público poseían la fuerza jurídica necesaria para quebrar el principio de inocencia del procesado.
Por estrictas razones de protección a los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia, y en cumplimiento taxativo con lo establecido en el Artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país, se omitieron por completo los datos de identidad civil del sentenciado, así como los detalles geográficos y familiares que pudieran permitir la identificación directa o indirecta de la víctima menor de edad en el ámbito social.
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