EEl fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal para investigar una denuncia sobre presuntas irregularidades relacionadas con títulos académicos que presentarían inconsistencias documentales.
Para llevar adelante la investigación fueron designados los agentes fiscales Teresa Sosa, titular de la Unidad Penal N.º 20, y Juan Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal N.º 17, ambos de la Sede 1 de Asunción. La coordinación de las diligencias estará a cargo de la fiscal Sosa, bajo la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
La medida fue adoptada tras una denuncia presentada el pasado 19 de junio por un representante legal del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), institución que puso a disposición del Ministerio Público antecedentes y documentos relacionados con el caso.
Según informó la Fiscalía, la conformación de un equipo especial tiene como objetivo fortalecer las tareas investigativas y agilizar la recolección de elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades penales.
En entrevista con Radio 1000, el fiscal Juan Leonardi Guerrero explicó que, una vez formalizada la conformación del equipo, el siguiente paso será analizar la denuncia y las evidencias disponibles para definir una estrategia de investigación.
“Vamos a consolidar la denuncia y las evidencias existentes para dar un enfoque jurídico a la causa y determinar si existen elementos que permitan configurar algún hecho punible”, señaló.
El agente fiscal indicó que mantendrá reuniones de trabajo con la fiscal Teresa Sosa para coordinar las primeras diligencias y avanzar en la recopilación de información relacionada con el eventual uso o producción de documentos presuntamente irregulares vinculados al ámbito educativo.
Respecto a la posible tipificación penal del caso, Guerrero aclaró que aún resulta prematuro establecer una calificación definitiva, ya que esta dependerá de los elementos que surjan durante la investigación.
“La calificación jurídica es siempre provisoria en esta etapa. A medida que se obtengan más evidencias, podrá definirse con mayor precisión si se trata de producción de documentos no auténticos, uso de documentos irregulares u otras modalidades previstas en la legislación penal”, explicó.
El fiscal recordó que la denuncia podría involucrar a personas de distintas zonas del país, por lo que anticipó que la investigación podría adquirir una dimensión nacional y requerir un importante trabajo de verificación documental.
Asimismo, destacó que el MEC figura actualmente como denunciante dentro de la causa y que cualquier requerimiento de información a la institución será canalizado a través de documentos, declaraciones y otros medios probatorios previstos por la ley.
Finalmente, Guerrero evitó estimar plazos para las primeras imputaciones o diligencias específicas, argumentando que la magnitud del caso y la cantidad de personas eventualmente involucradas obligan a realizar una evaluación exhaustiva de todos los antecedentes antes de adoptar decisiones procesales.
Fuente: Ministerio Público
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