La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público urgió formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a adoptar las medidas correspondientes para lograr la pronta integración del Tribunal de Apelaciones competente en la causa seguida a Rafael Filizzola y otros por presunta lesión de confianza. La fiscal de la causa, Silvia González Vester, presentó la solicitud formal bajo el argumento de que el proceso judicial se encuentra completamente paralizado debido a las sucesivas incidencias, inhibiciones y recusaciones que impiden el estudio del fondo de un recurso presentado por la representación fiscal hace más de un año.
El origen de la actual parálisis del proceso se remonta al 6 de mayo de 2025, fecha en la que el juez Yoan Paul López, a cargo del Juzgado Penal de Garantías N.° 11, resolvió declarar operada la prescripción de la acción penal a favor de Rafael Filizzola. Ante esta decisión, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación general el 13 de mayo de 2025. Sin embargo, el trámite judicial quedó estancado en una cadena de inhibiciones y desacuerdos entre magistrados; el último de ellos ocurrió a fines de junio de 2026, cuando el expediente fue remitido nuevamente a la Sala Penal de la Corte luego de que el juez Paulino Escobar elevara una impugnación contra la inhibición planteada por su colega Camilo Torres.
La investigación penal versa sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de obras de refacción de 24 dependencias policiales del país en el año 2010, contrato que fue otorgado a la firma Todo Verde Emprendimientos, propiedad de Alejandro Apolonio Giménez, por un valor total de 1.131.812.500 guaraníes. De acuerdo con las pesquisas realizadas en su momento por la fiscal acusadora Josefina Aghemo, la empresa constructora percibió la totalidad del dinero acordado el mismo día fijado para el inicio de los trabajos, pero las obras planificadas en 23 comisarías y en la comisaría 19ª de barrio Jara nunca fueron concluidas a cabalidad, lo que motivó la acusación contra el exministro Filizzola y el exdirector financiero de la cartera estatal, Aníbal Muñoz Fernández.
Con respecto al debate de la prescripción, la representación fiscal sostiene que los plazos legales para extinguir la causa no se han cumplido en el caso de Rafael Filizzola, postura que coincide con un cómputo previo realizado por el Tribunal de Apelación integrado por los jueces José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos. Aquella magistratura alegó que, al restar el período de suspensión de cinco años, cinco meses y veinte días ocasionado por una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del propio exministro, el tiempo transcurrido real del proceso es de solo cinco años y ocho días corridos, cifra que se encuentra muy distante de alcanzar los diez años requeridos para la prescripción por el doble del plazo de la pena.
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