El fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó la acusación penal contra dos personas por la presunta comisión de producción de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios. Los procesados habrían presentado títulos universitarios supuestamente expedidos por la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) para beneficiarse en el ámbito público y judicial.
El primer caso involucra a un procesado que presentó ante la administración de Petróleos Paraguayos (Petropar) una solicitud para el cobro de un adicional por grado académico. Para el efecto, adjuntó una constancia de título en Análisis de Sistemas y el certificado de estudios correspondiente. Sin embargo, los informes de la casa de estudios revelaron que el acusado solo cursó hasta el cuarto año de Ingeniería en Sistemas Informáticos, logrando percibir la bonificación de forma irregular durante varios años.
La segunda causa corresponde al otro acusado, quien ingresó una solicitud ante la Mesa de Entrada de la Corte Suprema de Justicia para obtener la matrícula profesional de abogado. En el expediente figuraban un título y un certificado de estudios completo de la carrera de Derecho, documentaciones que tampoco figuraban como legítimas en los registros universitarios, donde constaba que la persona únicamente completó hasta el cuarto año académico.
Pese a no haber culminado la formación académica requerida, el procesado logró obtener la matrícula profesional de abogado valiéndose de los certificados cuestionados. Tras la verificación realizada por la representación fiscal con las autoridades de la institución educativa, se confirmó que ambas personas utilizaron acreditaciones sin validez legal para acceder a los beneficios y registros institucionales.
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