El fiscal de San Estanislao, Alexander Rodrigo Argüello, imputó al intendente Agustín Ovando Espínola por la presunta comisión de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. El jefe comunal investigado es esposo de la diputada por San Pedro, Carmen Giménez de Ovando. La medida procesal también alcanza a María Lourdes Ocampos dentro de la causa tramitada por la representación fiscal.
La causa penal se centra en la falta de certeza sobre el destino de más de 1.000 millones de guaraníes pertenecientes a los fondos propios de la Comuna, a los que se suman otros 700 millones de guaraníes provenientes de una operación de préstamo. Las pesquisas se originaron a raíz de denuncias presentadas por miembros de la Junta Municipal ante la falta de rendiciones de cuentas.
En el marco del requerimiento formulado ante el juzgado interviniente, la Fiscalía solicitó la suspensión de la prisión preventiva para ambos procesados. En su lugar, el representante del Ministerio Público pidió imponer medidas alternativas como la obligación de comparecer mensualmente, la prohibición de salir del país, la prestación de una caución real y la restricción absoluta de presentarse o permanecer en la sede municipal.
Este caso registra antecedentes procesales iniciados en el año 2024 a través de un pedido formulado por la Fiscalía local. Sin embargo, en enero del año pasado, un juzgado especializado en delitos económicos de la capital decidió revocar la resolución inicial y devolver las actuaciones para la corrección de errores formales planteados en la causa.
Pese al avance del proceso en los tribunales, el jefe comunal continúa desempeñando sus funciones administrativas al frente del municipio. Su mandato actual se da en un contexto político donde no buscará la reelección para el próximo periodo de gobierno local.
Con la notificación formal del acta de imputación al Juzgado Penal de Garantías, la investigación ingresa a una nueva etapa procesal. La magistratura deberá convocar a los procesados para la audiencia de imposición de medidas y determinar las restricciones operativas que regirán durante el desarrollo de las pesquisas.
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