El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrentará juicio oral y público por un presunto hecho de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la Municipalidad mediante la compra de insumos para panificados, en el proceso conocido como el caso «Tajy».
Junto a Prieto también fueron elevados a juicio Francisco Arrúa, Emili Florentín, Rubén Florentín, Alex Samhat, Sebastián Martínez e Higinio Arrúa, todos acusados por el Ministerio Público.
El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, informó que el Juzgado rechazó todos los incidentes planteados por las defensas y resolvió mantener íntegramente la acusación fiscal.
«No se excluyó ningún hecho punible. Se plantearon nulidades, exclusión de calificaciones jurídicas y otros incidentes, pero todos fueron rechazados», explicó.
Corbeta agregó que tres funcionarios del área administrativa admitieron los hechos atribuidos por la Fiscalía y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, medida que fue concedida por el juzgado.
Respecto a la investigación, el fiscal sostuvo que la acusación se basa en una licitación presuntamente direccionada para favorecer a una empresa sin capacidad económica, técnica ni experiencia para ejecutar el contrato.
«Mediante trabajos de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se determinó la falta de capacidad económica, técnica y de experiencia de la empresa adjudicada», afirmó.
Según la teoría del Ministerio Público, la empresa beneficiada habría estado vinculada al entorno de la entonces pareja sentimental de Miguel Prieto y habría utilizado como subproveedora a otra firma relacionada con la misma familia.
Corbeta señaló además que las investigaciones realizadas con apoyo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectaron inconsistencias en las facturas y la inexistencia del stock necesario para abastecer la provisión de insumos contratada por la Municipalidad.
Por su parte, Miguel Prieto insistió en que el proceso tiene un trasfondo político y aseguró que demostrará su inocencia durante el juicio oral.
«Vamos a enfrentar el juicio oral y le vamos a dar fin a este proceso», manifestó.
El exintendente sostuvo que la Fiscalía carece de pruebas y que la acusación se sustenta en afirmaciones falsas.
«La Fiscalía no tiene nada, solamente órdenes. No tiene pruebas y se basa en una mentira cuando dice que no se entregaron las materias primas para fabricar los panes. Yo mismo estuve el día de la entrega y participé de la distribución», afirmó.
En cuanto a la fecha del juicio, Corbeta desmintió las versiones que señalaban que el debate fue postergado hasta 2027. Explicó que inicialmente el Tribunal de Sentencia había fijado el inicio para mayo de este año, pero posteriormente fue reprogramado para agosto debido a la carga de trabajo del colegiado.
El fiscal aseguró que el Ministerio Público solicitó que el juicio se realice este mismo año y sostuvo que la postergación fue de apenas unos meses, descartando que se haya producido un aplazamiento de un año, como había trascendido.
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