El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) cuestionó la decisión judicial de elevar a juicio oral y público la causa conocida como «Tajy», en la que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, está acusado por un presunto hecho de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la Municipalidad mediante la compra de insumos para panificados durante la pandemia.
El legislador sostuvo que el juez Humberto Otazú excluyó una prueba audiovisual que, a su criterio, es fundamental para la defensa de Prieto y de los demás acusados.
Según explicó, el Ministerio Público sostiene que la empresa adjudicada cobró por insumos como harina, aceite y sal que nunca fueron entregados a la Municipalidad, base sobre la cual se construyó la acusación fiscal.
Sin embargo, Velázquez afirmó que el material audiovisual muestra el funcionamiento de la planta procesadora de alimentos de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia y la elaboración de panificados para su distribución a familias vulnerables.
«Si no existieron los insumos, ¿cómo se elaboraron y distribuyeron los panes?», planteó el senador, quien aseguró que la exclusión de esa evidencia vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y las garantías constitucionales de los procesados.
Durante la conferencia de prensa, el legislador sostuvo que el video constituye una prueba de «vital importancia» para demostrar la inocencia de Miguel Prieto y de los demás coimputados, por lo que cuestionó que no haya sido admitido para ser analizado durante el juicio oral.
Consultado sobre el reconocimiento de hechos realizado por varios funcionarios de las áreas de Finanzas, Tesorería y la Unidad Operativa de Contrataciones, Velázquez afirmó que esas manifestaciones no implican un reconocimiento de culpabilidad.
Explicó que los funcionarios únicamente admitieron haber intervenido en determinados actos administrativos, como la elaboración de cheques o de pliegos de bases y condiciones, pero no confesaron la comisión de hechos punibles.
Asimismo, cuestionó que la causa sea tramitada en Asunción y no en Ciudad del Este. Señaló que el supuesto perjuicio patrimonial de G. 306 millones no supera el monto previsto para que el proceso sea sustanciado en la capital, aunque precisó que la inclusión del supuesto hecho punible de administración en beneficio propio permitió radicar el expediente en Asunción.
A su criterio, esta situación genera dificultades para la defensa, ya que Miguel Prieto ofreció más de un centenar de testigos que deberán trasladarse desde Ciudad del Este para declarar durante el juicio.
Velázquez sostuvo que, como parlamentario, busca advertir sobre lo que considera irregularidades en el desarrollo del proceso y reclamó una justicia «objetiva e imparcial», con pleno respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.
Finalmente, reiteró que, según su postura, la empresa adjudicada sí entregó los insumos para la elaboración de panificados, en contraposición a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público.
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