El magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional de El Salvador, Héctor Nahúm Martínez, participa en Paraguay de un Congreso, oportunidad en la que expuso sobre las reformas sustanciales en la política criminal implementadas en su país para el combate a las organizaciones delictivas. Durante una entrevista, el jurista explicó que la estrategia salvadoreña se centró en cambiar el enfoque tradicional del derecho penal, pasando de perseguir células aisladas a juzgar a las estructuras complejas y al terrorismo en su totalidad, adaptando la administración de justicia a los desafíos del siglo XXI.
Al ser consultado sobre el impacto social de las medidas de seguridad adoptadas en la nación centroamericana, Martínez señaló que existe un cambio notable en las condiciones cotidianas del país en comparación con periodos anteriores. No obstante, precisó que el proceso judicial contra los integrantes de las bandas no ha concluido y que las etapas de juzgamiento requerirán entre dos y tres años adicionales para culminar las evaluaciones probatorias. En ese sentido, remarcó que las resoluciones definitivas deben aguardarse con rigor técnico para respaldar las actuaciones dentro del marco de las garantías constitucionales.
En cuanto al papel de los administradores de justicia, el magistrado enfatizó la urgencia de actualizar la formación de jueces y fiscales frente a la transnacionalidad de las pandillas y grupos armados que operan en múltiples países de la región. Martínez aclaró que esta adecuación doctrinaria e institucional no implica descuidar el respeto a los derechos fundamentales, sino adaptar las herramientas de enjuiciamiento a la naturaleza de las organizaciones delictivas que interfieren con las potestades del Estado y afectan bienes jurídicos de relevancia nacional.
Por último, el representante del Poder Judicial salvadoreño descartó injerencias políticas en las decisiones jurisdiccionales y defendió la independencia del sistema de justicia. Martínez argumentó que la actuación judicial se fundamenta en los precedentes establecidos por el propio Tribunal Constitucional, el cual catalogó formalmente a las maras como agrupaciones terroristas. El jurista concluyó que la evaluación sobre la efectividad del modelo de justicia debe sostenerse sobre criterios estrictamente académicos y en los resultados definitivos que arrojen los tribunales de sentencia.
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