El fiscal Julio Ortiz, encargado de investigar las presuntas irregularidades en obras de infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmó que la causa será ampliada y que el Ministerio Público aguarda informes de la previsional para identificar a los integrantes del Consejo de Administración que aprobaron las licitaciones y posteriores adendas cuestionadas.
Tras la audiencia de imposición de medidas, el representante del Ministerio Público se refirió a la decisión del Juzgado de Garantías de otorgar libertad ambulatoria a los imputados por presunta lesión de confianza, bajo medidas sustitutivas y cauciones reales.
Ortiz señaló que la Fiscalía no apelará la resolución judicial, al considerar que se trata de una causa por un delito de carácter patrimonial.
«El objetivo central en este tipo de procesos es que, en caso de una eventual condena, los bienes embargados o entregados en caución permitan resarcir el perjuicio económico ocasionado al Instituto de Previsión Social», explicó.
El fiscal indicó que, con excepción de Rosa Colmán, quien había sido detenida previamente, los demás imputados se presentaron voluntariamente ante el Juzgado de Garantías luego de la orden de detención emitida por el Ministerio Público.
Durante la audiencia, las defensas ofrecieron inmuebles y otras garantías reales para respaldar la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente la prisión, Ortiz sostuvo que las cauciones otorgadas brindan suficiente respaldo.
No obstante, advirtió que, si alguno de los procesados incumple las reglas de conducta impuestas por el juzgado, el Ministerio Público solicitará la revocación de las medidas sustitutivas y la aplicación de la prisión preventiva.
En cuanto al avance de la investigación, el fiscal informó que en los próximos días serán fijadas las fechas para las audiencias indagatorias, instancia en la que los imputados podrán prestar declaración o ejercer su derecho a guardar silencio.
Asimismo, confirmó que el Ministerio Público prepara una ampliación de la imputación y que para ello requiere documentación del IPS que permita identificar formalmente a los miembros del Consejo de Administración que votaron a favor de las licitaciones investigadas y de las adendas posteriormente suscritas.
Ortiz advirtió que, si la previsional no remite la información solicitada en un plazo razonable, acudirá personalmente a la sede central del IPS para incautar la documentación necesaria que sustente las nuevas imputaciones.
Finalmente, aclaró que la investigación a su cargo se limita exclusivamente a las licitaciones relacionadas con las obras de las sedes del IPS ubicadas sobre las avenidas Luis Alberto de Herrera y Constitución, y precisó que otros casos o empresas mencionados públicamente corresponden a investigaciones desarrolladas por distintas unidades del Ministerio Público.
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