El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, dio a conocer la preparación de un anteproyecto de ley orientada a reforzar los mecanismos de responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos públicos. La iniciativa legislativa busca introducir una regla permanente que faculte la adopción de medidas correctivas cuando el déficit fiscal supere de manera continuada el límite del 1,5 % del Producto Interno Bruto fijado por la legislación vigente, otorgando al Congreso un plazo determinado para aplicar ajustes antes de la ejecución de sanciones automáticas.
De acuerdo con el planteamiento expuesto por el parlamentario, si las correcciones presupuestarias no se concretan dentro del periodo estipulado, se activará un esquema de contención del gasto basado en el concepto de cierre gubernamental o «shutdown» adaptado a la estructura paraguaya. Durante este periodo se suspenderán las actividades estatales no esenciales y se aplicarán restricciones estrictas a la generación de nuevos compromisos financieros, el desarrollo de licitaciones, la contratación de personal y la transferencia discrecional de recursos.
Un aspecto central del anteproyecto se apoya en que el impacto de la contingencia fiscal alcanzará de forma directa a la conducción política del Estado. La norma estipula que, mientras persista el desequilibrio y la aplicación del mecanismo, el presidente y vicepresidente de la República, los ministros, secretarios, subsecretarios y los congresistas nacionales dejarán de percibir sus haberes mensuales. El legislador aclaró que en la primera etapa la restricción abarcará a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, evaluándose la eventual inclusión de los altos cargos del Poder Judicial.
A diferencia de las normativas internacionales de contingencia que se ejecutan ante el bloqueo del presupuesto anual, el proyecto paraguayo responde exclusivamente a la persistencia del déficit financiero. Asimismo, el texto legal resguarda expresamente la operatividad de los servicios esenciales del Estado, por lo que las restricciones no afectarán el funcionamiento de las áreas de salud pública, seguridad, defensa nacional, el sistema penitenciario ni el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Discussion about this post