Las jefas de Gobierno de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, consolidaron su alianza política mediante una declaración conjunta publicada este lunes en la que exigen una respuesta más severa de la Unión Europea ante la inmigración irregular. En el documento, presentado como un conjunto de reflexiones sobre la seguridad y el futuro del continente, las líderes de ambos países rechazaron lo que calificaron como una «inmigración descontrolada» e instaron a los socios comunitarios a implementar mecanismos de externalización para el control de fronteras y el procesamiento de solicitudes de asilo en instalaciones situadas fuera del territorio europeo.
A pesar de provenir de tradiciones políticas opuestas —Meloni desde la derecha conservadora y Frederiksen desde la socialdemocracia—, las dos mandatarias recalcaron su coincidencia en el pragmatismo para impulsar un endurecimiento de los controles. En el escrito, sostuvieron que la llegada no regulada de extranjeros genera efectos negativos sobre las sociedades comunitarias, vinculando este fenómeno con un incremento en la presión sobre los servicios públicos, la erosión de la confianza en las instituciones y el aumento de la delincuencia. Para contrarrestar esta situación, defendieron que la UE debe dotarse de mayores herramientas normativas para ejecutar la expulsión de aquellos migrantes en situación irregular que carezcan del derecho legal a permanecer en suelo europeo.
Entre las medidas prioritarias planteadas por la dupla italo-danesa destaca la habilitación de centros de deportación y repatriación en países terceros, tomando como referencia el modelo promovido por Italia en Albania y negociaciones discretas llevadas a cabo por varios estados miembros. Asimismo, la misiva incorpora un componente identitario en el que ambas jefas de Estado reivindican la herencia cultural cristiana de Europa, enfatizando que quienes decidan radicarse en el continente deben respetar los marcos legales y los valores de los países receptores sin intentar imponer modelos de vida ajenos.
La postura coordinada de Roma y Copenhague se produce en un escenario de crecientes tensiones diplomáticas e institucionales en el seno del espacio Schengen. La iniciativa de Meloni y Frederiksen busca inclinar la balanza en los debates que se desarrollan en Bruselas respecto a la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de expulsión por delitos graves, presionando a la Comisión Europea para que acelere la reglamentación sobre el retorno de migrantes y otorgue cobertura legal a las soluciones de gestión migratoria en el exterior.
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