El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Hugo Samaniego, informó que la institución ya se encuentra operativa en su nueva sede en Asunción y destacó que se trabaja de manera coordinada con otras entidades del Estado para atender las necesidades de las comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad.
En entrevista con Radio 1000, Samaniego explicó que la nueva sede fue cedida por el Ministerio del Interior mediante un acuerdo con el ministro Enrique Riera y con el respaldo del presidente de la República. Señaló que el espacio constituye la sede definitiva del INDI y que allí se reciben a representantes de las comunidades, además de realizar visitas periódicas a los territorios indígenas.
El titular del INDI indicó que, de acuerdo con el Plan Nacional de Pueblos Originarios, la atención de las comunidades requiere la participación de distintas instituciones públicas, debido a que el INDI no tiene competencia directa para ejecutar obras viales, brindar servicios de salud o construir viviendas.
Por ello, señaló que durante las visitas a las comunidades participan representantes de los ministerios de Obras Públicas, Salud, Vivienda y otras instituciones, con el objetivo de canalizar y dar respuesta a las necesidades planteadas por los líderes indígenas.
Samaniego también se refirió a situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños y adolescentes indígenas, particularmente en inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción, Ciudad del Este y Caaguazú. En ese contexto, mencionó la conformación de grupos de trabajo con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para abordar casos relacionados con la trata y explotación de menores.
El titular del INDI señaló que se realizan intervenciones para trasladar a los menores nuevamente a sus comunidades, pero advirtió que en algunos casos regresan a los mismos lugares semanas después.
Asimismo, afirmó que existen indicios que deben ser investigados sobre una posible explotación de adolescentes indígenas por parte de algunas personas, incluso líderes comunitarios, quienes presuntamente podrían estar involucrados en su traslado con fines de explotación sexual.
Samaniego aclaró que estas situaciones deben ser comprobadas y sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar y determinar responsabilidades. “Necesitamos también la ayuda de la Fiscalía. No solamente nosotros, porque tenemos que pasar de la acción al castigo”, manifestó.
El presidente del INDI insistió en que detrás de estas situaciones podría existir una estructura que opera en distintos puntos del país y destacó la necesidad de un trabajo interinstitucional para combatir la explotación y garantizar la protección de los menores indígenas.
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