Una intervención conjunta entre el Ministerio Público y autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) permitió desarticular un presunto esquema de venta ilegal de medicamentos e insumos hospitalarios a familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Central.
Como resultado del operativo, una mujer fue aprehendida y se incautó un importante lote de medicamentos e insumos médicos valuados en varios millones de guaraníes.
La investigación se inició tras la denuncia de un usuario, quien manifestó que a un familiar de un paciente internado le habrían sugerido adquirir, en uno de los albergues cercanos al Hospital Central, un medicamento que había sido recetado y que debía ser suministrado por la propia red de salud pública.
Durante la inspección del primer albergue, los intervinientes hallaron una importante cantidad de insumos hospitalarios, entre ellos gasas, batas, jeringas y chatas, además de medicamentos de alto costo, como eritropoyetina, cuyo valor comercial ronda los G. 4 millones por unidad.
También fueron encontrados antibióticos y otros fármacos que presentaban aparentes deficiencias en sus condiciones de conservación. Muchos de los productos conservaban etiquetas con la inscripción «Uso exclusivo del IPS» y «Uso exclusivo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)», lo que refuerza la hipótesis de un posible desvío de medicamentos destinados al sistema público de salud.
Durante el procedimiento también fueron incautados dinero en efectivo oculto en cajas de madera, además de alimentos, perfumes y otros artículos.
La mujer aprehendida fue trasladada a la Comisaría 12.ª Metropolitana, donde quedó a disposición del Ministerio Público.
El operativo fue encabezado por el fiscal Luis Barboza, por disposición de la fiscala Hermenegilda Cubilla, quien anunció que solicitarán la intervención de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para determinar la procedencia de los medicamentos y verificar si eran almacenados bajo las condiciones sanitarias exigidas.
Posteriormente, la comitiva inspeccionó un segundo albergue contiguo, donde encontró otro lote de medicamentos de origen presuntamente irregular, entre ellos fentanilo, un potente analgésico de uso hospitalario sujeto a estrictos controles. En este segundo procedimiento no se registraron detenciones y continuó la clasificación de los productos con apoyo del Departamento de Farmacia del Hospital Central.
La Dirección del Hospital Central del IPS, junto con las áreas de Auditoría e Investigación Jurídica, manifestó su disposición para colaborar con la investigación y realizar los controles internos necesarios para identificar a los responsables del presunto desvío y comercialización ilegal de medicamentos e insumos médicos.
En entrevista con Radio 1000, el gerente de Salud del IPS, Derlis León, señaló que apenas la institución tomó conocimiento de la denuncia solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía y de los organismos de control.
El directivo admitió que no es la primera vez que detectan este tipo de hechos, aunque aseguró que nunca antes se había encontrado un esquema de esta magnitud.
León expresó además su preocupación por la existencia de personas que logran vulnerar los mecanismos de trazabilidad de medicamentos implementados por la previsional y aseguró que la investigación buscará identificar a todos los responsables.
El gerente explicó que una de las principales hipótesis apunta a posibles fallas en el proceso de devolución de medicamentos cuando un paciente recibe el alta, fallece o cambia su tratamiento antes de consumir la totalidad de los fármacos dispensados para un periodo de 24 horas.
Según indicó, en esos casos podría no activarse correctamente el procedimiento de reintegro al sistema, permitiendo que los medicamentos queden fuera del circuito de control.
Otra línea de investigación se centra en un posible uso indebido de datos de pacientes que ya no permanecen internados, mediante la generación de registros de entrega de medicamentos utilizando sus antecedentes clínicos.
León afirmó que tanto la Auditoría Interna como el Ministerio Público trabajarán para esclarecer el caso y reiteró que todas las personas responsables deberán rendir cuentas, tanto en el ámbito administrativo como penal.
Fuente: Hoy
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