El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde a un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el objetivo de fiscalizar la administración de los fondos asignados al rubro de productos alimenticios de la cartera sanitaria. El requerimiento, promovido por el diputado Raúl Benítez, se enfoca de manera específica en esclarecer la situación de las deudas acumuladas y los plazos de mora registrados con los proveedores del sector.
El texto de la resolución aprobada demanda un desglose detallado sobre los contratos vigentes, órdenes de compra, facturas emitidas y la antigüedad de los saldos pendientes de cancelación, haciendo hincapié en aquellas obligaciones que superan los 90, 180 y 360 días de atraso. Asimismo, la Cámara Baja busca determinar el destino final dado a los fondos asignados originalmente al denominado Programa 311.
Dentro de los puntos exigidos por el legislativo se incluye el detalle del proceso presupuestario, solicitando datos sobre la disponibilidad de recursos, las modificaciones o reprogramaciones aprobadas, así como las transferencias efectuadas en las distintas fases de ejecución fiscal, desde los montos comprometidos hasta los devengados y efectivamente pagados a las firmas contratistas.
El documento requiere a las autoridades sanitarias precisar si la institución cuenta con un plan formal de regularización financiera para amortizar los compromisos vencidos, con estimación de fechas y montos a desembolsar. Conforme a las normativas legales que rigen el control parlamentario, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 15 días hábiles para remisionar toda la documentación respaldatoria solicitada.
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