Un nuevo capítulo judicial se cerró en la causa que investiga el esquema de estafas procesales en el fuero civil, denominado la “mafia de los pagarés”. El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió la situación procesal de los abogados Patricia Adriana Parodi Cantero y Blas Antonio Rodríguez Galeano mediante la figura del procedimiento abreviado, imponiéndoles una pena de dos años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución.
Ambos profesionales del derecho admitieron de forma libre y consciente las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. La investigación fiscal reveló que los imputados promovieron y tramitaron juicios ejecutivos ante el ex Juzgado de Paz de La Recoleta —a cargo del entonces juez Víctor Nilo Rodríguez— utilizando constancias de notificaciones e intimaciones de pago falsificadas. En el caso de Parodi, quien representaba a la Cooperativa San Cristóbal, se acreditó además su intervención como oficial de justicia mediante informes falsos, registrando actuaciones simultáneas e imposibles de realizar en un mismo día en localidades distantes como San Lorenzo, San Pedro, Ciudad del Este y Coronel Oviedo.
Por su parte, el abogado Blas Rodríguez Galeano admitió haber impulsado cerca de 88 expedientes a sabiendas de la falsedad de las actas redactadas por los ujieres y actuarios del juzgado. Aunque la Fiscalía contaba con elementos para llevar a ambos a un juicio oral y público, finalmente se allanó al procedimiento abreviado al considerar que la pena aplicada y los compromisos económicos asumidos por los procesados cumplen con los fines de reprochabilidad y reparación del daño causado.
Como condición para mantener la libertad condicional y suspender la ejecución de la cárcel durante dos años, la magistratura dispuso reglas de conducta estrictas y el pago de millonarias sumas en concepto de reparación social. Patricia Parodi deberá desembolsar un total de G. 75 millones que serán distribuidos entre el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el Hospital de San Lorenzo, el Hospital Reina Sofía y el Hospital Materno Infantil San Pablo. En tanto, Blas Rodríguez abonará G. 88 millones destinados al Hospital de Trauma, la Residencia Geriátrica Gijón Róga, el Cuerpo de Bomberos de San José de los Arroyos, el Club de Leones de Bernardino Caballero y el Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional.
Los demás acusados en la causa, incluyendo al exjuez de la sede civil y otros funcionarios, deberán afrontar juicio oral y público.
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