El proceso penal que indaga la tramitación e inscripción irregular de títulos universitarios sumó un testimonio clave durante las audiencias del juicio oral. Andrea Estigarribia, quien se desempeñó en 2020 como jefa interina del Departamento de Registro de Títulos de Grado del Ministerio de Educación y Ciencias, expuso ante el Tribunal las falencias estructurales y las presiones internas que condicionaban el trabajo operativo de la dependencia.
Durante su comparecencia, la declarante detalló la diferencia entre los controles de forma y de fondo. Explicó que las revisiones primarias se limitaban a verificar la autenticidad de las fotocopias de cédula, sin aplicar criterios normativos unificados o dictámenes jurídicos estandarizados para evaluar la validez real del tránsito académico del estudiante, procesándose cada caso según la institución de origen.
El punto central de su testimonio se centró en los trámites acelerados de expedientes. Estigarribia relató que, ante sus cuestionamientos sobre la celeridad inusual de ciertos legajos, el entonces director de la unidad, Ricardo Ortiz, le ordenó inscribir los documentos manifestando que existía una «orden de arriba», en directa alusión al viceministro de la cartera. Interrogada por la representación fiscal, la testigo admitió que los filtros de verificación se ablandaron efectivamente para no contradecir las indicaciones de la superioridad.
La exfuncionaria confirmó el incumplimiento del artículo 56 de la Ley N.º 4995/13 de Educación Superior. Según lo expuesto, las universidades del país no remitían anualmente sus datos académicos ni las planillas de los alumnos para el cotejo y custodia en los archivos del MEC, reduciéndose la guarda institucional únicamente a los certificados de estudio e impresiones presentadas por los propios gestores al momento de solicitar el registro.
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