Los resultados oficiales dados a conocer por la radiodifusora pública RUV ratificaron la victoria de la negativa con el 52,8% de los sufragios frente al 47,2% emitido a favor del «sí», en una consulta popular que registró una masiva concurrencia del 82,5% del electorado. La primera ministra de la coalición de centroizquierda, Kristrún Frostadóttir, dio por cerrado el debate durante su mandato, aclarando ante la opinión pública: «Quiero ser absolutamente clara: este gobierno no retomará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura».
A pesar del complejo escenario geopolítico en el Ártico y de las tensiones internacionales en zonas vecinas como Groenlandia, las motivaciones de índole económica y de identidad nacional inclinaron la balanza. El eje central del rechazo radicó en el temor del sector pesquero a someterse a la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, lo que hubiese significado ceder el control de sus aguas territoriales.
La industria marítima representa casi el 47% de las exportaciones del país y el 90% de las empresas del rubro hicieron campaña activa en contra de la integración. Sobre este punto, la jefa de Gobierno fundamentó el sentimiento de su pueblo: «No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años. Es una cuestión emocional para nosotros».
Desde Bruselas, la resolución fue calificada como un revés simbólico y diplomático en sus planes de ampliación. No obstante, tanto la Comisión Europea como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmaron que «respetan plenamente la decisión democrática del pueblo islandés» y remarcaron que el país continuará siendo un socio estratégico de primer orden mediante su participación en el Espacio Económico Europeo y el espacio Schengen.
Con esta votación, el Parlamento islandés (Althing) deberá evaluar el retiro formal de la candidatura del país, dejando congelada la vía comunitaria mientras se mantienen intactos los acuerdos comerciales e institucionales vigentes.
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