Durante la plenaria, los ediles expresaron su indignación ante los argumentos vertidos por el Ejecutivo municipal ante el Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, donde el jefe comunal, César David González, alegó un supuesto boicot para justificar la falta de liquidez. El concejal Reinaldo Benítez rechazó rotundamente esa versión, recordando que la Municipalidad nunca dejó de funcionar, recaudar impuestos ni ejecutar obras, lo que demuestra que la institución cuenta con la solvencia financiera requerida.
En el debate también se levantaron sospechas sobre la posible existencia de pagos selectivos a favor de los ediles de la bancada liberal, de quienes señalaron su ausencia en las movilizaciones de reclamo. El concejal Zenón Aquino remarcó que, según informaciones extraoficiales, los representantes del PLRA habrían percibido sus dietas en el mes de julio, lo que agravaría el actuar discriminatorio del intendente. Además, subrayó que la comuna recibió transferencias por casi Gs. 1.700 millones entre los meses de agosto y septiembre del Gobierno central, dinero que debió destinarse prioritariamente a cubrir las obligaciones laborales.
Por su parte, el edil Fabio Britos coincidió en la necesidad de transparentar las cuentas públicas, enfatizando que tanto los concejales como los funcionarios y proveedores afectados tienen el derecho legal de conocer el destino real de los recursos. Los miembros del cuerpo legislativo advirtieron que, si el informe no es respondido de manera satisfactoria o si se constata la desviación de los fondos hacia otros fines, formalizarán denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, el Ministerio del Trabajo y la Cámara de Diputados para solicitar la intervención del municipio.
Tras la aprobación unánime de la resolución que emplaza a la Intendencia a rendir cuentas, el intendente dio un primer paso institucional al requerir oficialmente a la mesa directiva de la Junta la presentación de las planillas de asistencia de los concejales a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Según el Ejecutivo comunal, dicha documentación resulta indispensable para proceder a la liquidación y desembolso de los haberes acumulados.
Con el pedido de informes en curso y el condicionamiento de las planillas de asistencia, el conflicto en Capiibary se mantiene en una fase decisiva. Se aguarda la entrega de los informes financieros para verificar las actuaciones de la administración municipal.
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