La resolución firmada por el Juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, responde al requerimiento N.º 177/2026 presentado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. El procedimiento judicial comprende la inspección de tres teléfonos de alta gama entregados de forma voluntaria por el exdirector de Inteligencia de la Senad, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña; el excomandante de Fuerzas Especiales, Aldo Osmar Pintos Martínez; y la exjefa de Investigación contra el Crimen Organizado, Alicia Marlene Vázquez Samaniego. Asimismo, la autorización abarca un cuarto dispositivo decomisado durante los registros domiciliarios ejecutados en la causa.
El petitorio del Ministerio Público contempla una batería exhaustiva de puntos de pericia técnica sobre el contenido actual y eliminado de los aparatos y sus respectivas tarjetas SIM. Los peritos abocados al caso extraerán historiales de llamadas entrantes y salientes, registros de mensajes de texto, audios e imágenes en plataformas convencionales y de mensajería cifrada como WhatsApp, Telegram, Signal, Threema y Zangi, además del rastreo de agendas telefónicas, correos electrónicos y notas con datos financieros o transacciones bancarias.
Para la ejecución de los trabajos de extracción forense, el juzgado designó a la licenciada Shirley Taboada, especialista perteneciente a la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional. La profesional fue citada a comparecer ante la sede del juzgado este viernes 25 de septiembre a las 09:30 horas a fin de prestar el juramento legal correspondiente, oportunidad en la que la representación fiscal hará entrega de los dispositivos bajo cadena de custodia.
En los fundamentos del fallo, el magistrado invocó los preceptos constitucionales y procesales sobre la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el control de constitucionalidad, remarcando que la intervención telefónica resulta indispensable para la búsqueda de la verdad real en el juzgamiento de delitos complejos como asociación criminal, tráfico de influencias y obstrucción a la persecución penal. En concordancia con el Código Procesal Penal, el juzgado intimó a los abogados defensores a un plazo de 72 horas para formular puntos de pericia adicionales o proponer peritos de parte.
La causa abierta contra la cúpula operativa de la institución antidrogas busca determinar si la estructura interna fue utilizada de manera irregular para filtrar alertas operativas y datos de inteligencia sensible a los principales dinamizadores del narcotráfico en la zona de frontera, afectando el desarrollo de investigaciones de crimen organizado a nivel nacional e internacional.
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