Los agentes fiscales Patricia Sánchez y Christian Benítez brindaron sus apreciaciones tras la finalización del juicio oral y público que culminó con la condena a 8 años de cárcel para el exlegislador Hernán Rivas. Los representantes del Ministerio Público manifestaron su completa conformidad con la valoración probatoria del Tribunal de Sentencia, señalando que la acreditación de la plataforma fáctica resultaba sustancial para subsanar la controversia institucional generada por el caso y devolver la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Respecto al monto de la pena privativa de libertad y la existencia de una posición divergente entre los jueces, la fiscala Patricia Sánchez indicó que una condena de 8 años resulta elevada, pero aclaró que el análisis de la fundamentación material se realizará una vez que se dé a conocer el texto escrito el próximo 2 de octubre. Al ser consultados sobre la posibilidad de recurrir el fallo, los agentes aclararon que aún no han descartado esa vía procesal y que esperarán la notificación formal de la sentencia escrita para evaluar la viabilidad de una eventual apelación.
Por su parte, el fiscal Christian Benítez destacó la solidez de la investigación desarrollada a lo largo del contradictorio, afirmando que el trabajo coordinado del equipo permitió sostener una postura acusatoria impecable. Benítez remarcó que el punto central de la pretensión fiscal radicaba en demostrar que Hernán Rivas no es abogado, circunstancia que quedó fehacientemente probada ante la ciudadanía y los juzgadores mediante las pruebas producidas en las audiencias públicas.
Sánchez resaltó además la labor de los integrantes del equipo de trabajo, mencionando las intervenciones del propio Benítez desde su rol previo como relator y el aporte de la fiscala Luz Guerrero al momento de emitirse el requerimiento de sobreseimiento provisional. Los representantes del órgano acusador valoraron el haber alcanzado la certeza positiva sobre hechos complejos de probar, considerando las dificultades operativas para acceder a los archivos de la institución universitaria involucrada.
Por último, sobre las inconsistencias detectadas en las declaraciones testificales durante el debate, el fiscal Benítez confirmó que el Tribunal de Sentencia dispuso la remisión de los antecedentes de cuatro testigos a la Fiscalía. Sin embargo, precisó que el Ministerio Público cuenta con la potestad autónoma de revisar las actuaciones de los demás comparecientes para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de nuevas causas penales.
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