La diputada Rocío Vallejo arremetió contra los legisladores de la bancada oficialista que expresaron sentirse engañados por el exsenador Hernán Rivas, tras la condena de 8 años de prisión dictada en su contra por la falsificación de su título de abogado. La parlamentaria consideró una falta de respeto a la ciudadanía que los mismos sectores que protegieron al excongresista durante su trayectoria pública pretendan desmarcarse de las responsabilidades políticas argumentando una supuesta estafa a su buena fe.
En sus declaraciones, la legisladora y exfiscala contrapuso el esfuerzo académico de los profesionales del derecho frente a la incursión de Rivas en el sistema judicial. Vallejo calificó al exsenador como un «analfabeto jurídico» que nunca pisó una facultad de Derecho y que, sin embargo, accedió a la potestad de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos sin contar con la formación universitaria requerida.
Al abordar la asignación de responsabilidades por el ascenso del exparlamentario en la estructura estatal, la diputada sostuvo que existe un esquema político integral que incluye a los congresistas y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que votaron por su designación. Vallejo enfatizó que dicha red de protección sostuvo deliberadamente a Rivas a pesar de las evidentes inconsistencias en su trayectoria académica, por lo que afirmó que el costo institucional y político de estas decisiones debe asumirse plenamente.
Asimismo, la congresista advirtió sobre las graves consecuencias internacionales y la degradación institucional sufrida por el país al haber puesto el organismo juzgador de magistrados en manos de una persona sin idoneidad. Sobre este punto, señaló que el perjuicio a la República del Paraguay es tremendo, afectando la credibilidad de los juristas nacionales en foros internacionales y sembrando dudas sobre las resoluciones adoptadas durante la gestión de Rivas al frente de la institución.
La diputada celebró el veredicto alcanzado por el Tribunal de Sentencia en la causa penal, afirmando que con la imposición de la pena de prisión se logró hacer justicia en favor de la ciudadanía. No obstante, instó al foro judicial y político a tomar el caso como un precedente severo para evitar que estructuras partidarias vuelvan a instrumentalizar cargos de representación constitucional sin verificar el cumplimiento estricto de las exigencias legales y profesionales.
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