El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Jorge Arturo Daniel, destacó la condena de 12 años de prisión contra el exsenador de la ANR, Hernán David Rivas, y sostuvo que el fallo confirma los cuestionamientos que el gremio había realizado sobre la validez de su título de abogado.
Rivas, quien también fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue condenado por un Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Morel, por los hechos punibles de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso, relacionados con la presentación de un título falso de abogado.
En entrevista con Radio 1000, Daniel sostuvo que la sentencia representa un reconocimiento a los reclamos que el Colegio de Abogados había planteado anteriormente respecto a que Rivas no reunía las condiciones para ejercer como profesional del Derecho.
“Por fin la justicia hizo justicia. Hizo justicia para todos los abogados”, afirmó el titular del CAP, quien señaló que el gremio había advertido que Rivas no podía integrar un organismo encargado de juzgar a magistrados sin cumplir los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo.
Daniel consideró que el caso trasciende el ámbito de los abogados y afecta al sistema de administración de justicia y a la sociedad en general. En ese sentido, cuestionó que se hayan vulnerado, según su interpretación, requisitos establecidos en la Constitución para acceder a determinadas funciones públicas.
El presidente del CAP también sostuvo que la investigación debería determinar si otras personas estuvieron involucradas en los hechos atribuidos a Rivas.
“Yo creo que acá Hernán Rivas no hizo esto solo”, afirmó. Al respecto, planteó que, si el marco legal y los plazos de prescripción lo permiten, sería importante determinar mediante un proceso judicial la eventual participación de otras personas y establecer si algunas de ellas pudieron beneficiarse posteriormente de la prescripción de determinados hechos.
Daniel sostuvo que, más allá de las responsabilidades penales que puedan determinarse, el caso requiere un proceso de esclarecimiento institucional. “Creo que es necesario un saneamiento moral, por lo menos, de la República”, manifestó.
Asimismo, cuestionó las consecuencias que pudo haber tenido el ejercicio de funciones dentro del JEM por parte de una persona que, según la sentencia, utilizó documentación falsa para acreditar su condición de abogado.
“¿Y cuántas personas, cuántos magistrados habrán sido removidos por este tipo que no tenía las mínimas condiciones ni siquiera para tocar un papel de un juez, de un fiscal, de un defensor público?”, expresó.
El titular del Colegio de Abogados calificó el caso como un hecho de gran gravedad para la institucionalidad y sostuvo que la condena constituye un punto de referencia para esclarecer las circunstancias que permitieron que Rivas llegara a ocupar cargos dentro del sistema de justicia.
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