Ninfa González había terminado de pagar su terreno después de 11 años. Días más tarde descubrió que el inmueble sería rematado por la la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El se presentó en la subasta y, ante el temor de quedarse sin su vivienda, tuvo que volver a pagar; desembolsó Gs. 73 millones para recuperar su propia propiedad.
González había adquirido el lote en 2015 mediante un contrato con la Inmobiliaria Confort. En agosto de 2026 abonó la última cuota y, con ese pago, dio por saldada la deuda. Pero la tranquilidad duró apenas unos días.
La mujer se enteró a través de una publicación en Instagram de que el terreno aparecía en el listado de inmuebles que serían rematados por el Estado. El bien está vinculado al patrimonio del condenado Ramón González Daher, por lo que su situación registral quedó atrapada en un proceso judicial.
Ante la sorpresa, González recurrió a la inmobiliaria para reclamar la escritura del inmueble. Según relató, le explicaron que no podían concretar la transferencia mientras no existiera una orden judicial y le señalaron que el contrato firmado la respaldaba como compradora de buena fe. El problema era que el remate avanzaba.
Con el riesgo de perder el terreno después de más de una década de pagos, el abogado de González le recomendó presentar ante la Senabico toda la documentación que acreditaba la operación.
Sin embargo, las gestiones no consiguieron detener la subasta.
El jueves pasado, la mujer llegó al remate con sus documentos y una constancia que acreditaba que había terminado de pagar el terreno. Pero, para evitar que otra persona se quedara con el inmueble, tomó una decisión tan insólita como dolorosa: tuvo que participar de la puja por su propia casa.
González contó que nunca había participado de una subasta y que, ante la situación, tuvo que recurrir a familiares para reunir el dinero necesario y competir por el inmueble.
Finalmente, ganó la puja y volvió a adjudicarse el terreno.
«Pujé por mi casa», resumió la señora Ninfa.
Ahora deberá afrontar el nuevo desembolso mientras busca determinar qué acciones legales puede tomar para defender sus derechos como compradora y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Además, pidió que se investiguen otros casos, ya que, según afirmó, habría más familias que adquirieron terrenos a través de la misma inmobiliaria y podrían encontrarse ante problemas similares.
La base establecida para el inmueble era de Gs. 73 millones.
«Tuve que pagar Gs. 73 millones más para no quedarme en la calle», relató entre lágrimas.
Ahora deberá afrontar el nuevo desembolso mientras busca determinar qué acciones legales puede tomar para defender sus derechos como compradora y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Además, pidió que se investiguen otros casos, ya que, según afirmó, habría más familias que adquirieron terrenos a través de la misma inmobiliaria y podrían encontrarse ante problemas similares.
Fuente: El Ojo de Luque
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